Una férrea defensa del reestablecimiento de una tasa mínima de retorno para las inversiones que realicen las distribuidoras de gas por cañería realizaron ayer tres de las principales firmas del rubro ante la Comisión de Energía y Minería del Senado.
Metrogas y GasSur, ambas controladas por el grupo CGE e indirectamente por la catalana Gas Natural Fenosa, y la Asociación de Distribuidores de Gas Natural AGN -integrada también por las mencionadas firmas- insistieron ante los integrantes de la comisión, que a mediados de junio comenzó con el análisis del proyecto de ley que modificará la regulación en la industria de la distribución de gas por redes, en que se debía reponer la denominada Tasa de Costo Capital para el negocio, la que fue eliminada durante la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados.
La actual legislación establece una tasa mínima de retorno de 6%, definida como el retorno mínimo necesario para las inversiones, pero además de reponer esta cifra, los principales operadores aspiran a incrementarla a 7%.
Según Pablo Sobarzo, gerente general de Metrogas, el “costo de despliegue de las redes en Chile es más caro que otros países, como México o Colombia, por los costos de mano de obra más altos y los permisos”, por lo que buscan que la legislación reconozca este tema.
Indicó que a la fecha, la firma ha realizado inversiones por US$ 1.400 millones, de los cuales el 70% se ha dedicado a la expansión de redes, mientras que el 30% restante ha sido dirigida a la captación de clientes a través de las conversiones.
Las distribuidoras también buscan detener la intención del gobierno de reducir la tasa de rentabilidad de la industria, que según lo planteado en el proyecto de ley original se recortaría desde el 11% al 9%. Este es uno de los ejes del proyecto, y ha sido defendido en todas las instancias por el ministro de Energía, Máximo Pacheco.
Según señaló Carlos Cortés, de AGN, el sector estima que la tasa de rentabilidad actual es la que propicia el desarrollo futuro de la industria, por lo que se debería mantener en 11%.
Rodrigo Larrondo, gerente general de Intergas, señaló que incluso la tasa actual de retorno no le ha permitido a la empresa recuperar totalmente los US$ 90 millones de inversión que han realizado para tender 500 kilómetros de redes en el sur del país.
“La rentabilidad que tenemos es de -31% en los años que llevamos operando, no solo no hemos recuperado la inversión, sino que hemos perdido US$ 20 millones en 15 años”, dijo Larrondo. La CNE estableció en en el chequeó de rentabilidad de 2014 que la firma había obtenido un retorno sobre activos de 6,8%.
Por su parte, Óscar Facuse, gerente general de GasSur -filial de CGE, que controla Metrogas-, señaló que la rentabilidad real de la firma desde 2011 es de -10%.
Cortés señaló que si bien las indicaciones que ingresará el Ejecutivo al proyecto durante julio son valorables, éstas eran “insuficientes para asegurar el desarrollo de la industria y el proyecto de ley debe ser perfeccionado para garantizar las inversiones”.
LAS COMPAÑÍAS DISCREPAN POR IMPACTO DE LA REGULACIÓN
Si bien las distribuidoras coincidieron en varios puntos en la crítica al proyecto de ley que salió de la Cámara de Diputados, Intergas -firma ligada al empresario italiano Stefano Garilli- sostuvo que la regulación de las tarifas era discriminatoria para la compañía, pues afecta a la totalidad de sus clientes -ya que solo tiene usuarios residenciales-, mientras que en el caso de Metrogas y Gas Valpo, el 77% y 70% de los clientes de las firmas, respectivamente, quedarían libres de la regulación tarifaria, por tener una parte importante de sus negocios en el segmento industrial. El gerente general de Metrogas, Pablo Sobarzo, contrastó las cifras, señalando que de aplicarse las medidas tal cual están contenidas en el proyecto, el 80% de sus clientes quedaría con tarifas reguladas. ¿Porque está diferencia? Fuentes explicaron que el proyecto incrementa de 100 Gj a 5.000 Gj el límite de consumo para acceder a tarifas reguladas. Intergas señaló que la firma podría recurrir a acciones legales para revertir los efectos de la regulación si esta no es modificada, así como revisar sus inversiones en el país.
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