Encarecimiento de los proyectos y riesgo de retrasos en la tramitación de ciertos permisos específicos, es la amenaza que enfrentan los desarrolladores de proyectos hidroeléctricos y mineros, a raíz de una normativa elaborada por la Dirección General de Aguas (DGA).
Se trata del Reglamento de Obras Mayores que está ligado al Código de Aguas y que se esperaba nada menos que hace diez años.
La norma, que entre otras cosas establece el procedimiento para la recepción de este tipo de obras, entre las que figuran embalses hidroeléctricos o tranques de relaves, fue dictada a fines del año pasado por el organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas.
Esa primera versión encendió las alarmas no sólo en el sector privado, sino que también al interior del propio gobierno, porque entre otras cosas se establecía que la operación de este tipo de infraestructura de mayor tamaño estaba condicionada a la recepción por parte de la DGA, un trámite que muy pocas unidades han completado, según comentan especialistas del sector.
En el área eléctrica calculan que esta obligación habría implicado en la práctica paralizar del orden del 40% de la capacidad de generación hidroeléctrica del Sistema Interconectado Central (SIC).
Esta situación junto a otros puntos de la normativa motivaron la intervención de los ministerios de Economía y Energía, que establecieron una mesa de trabajo con la entidad que encabeza Carlos Estévez y la cual se integraron representantes de la industria eléctrica y minera.
La labor de esta instancia, en la que según cercanos destacaron el rol de Marcela Klein y Cristian Romero, del equipo pro inversión de la cartera de Economía, se extendió entre los meses de marzo a mayo y derivaron en la publicación a fines de ese mes en una circular aclaratoria, donde este punto de especial preocupación quedó corregido, eliminándose la paralización automática de las unidades que no cuentan con la recepción de sus obras.
En su lugar se estableció que los proyectos ingresados a trámite de recepción hasta diciembre de este año quedarán libres de este requisito, el que regirá a partir de enero próximo.
Riesgos persisten
Otro de los cambios que se hicieron fue establecer el concepto de “puesta en carga” que faculta a las generadoras para realizar las pruebas de operación previas a la recepción de las obras y que en la versión original del reglamento se prohibían.
Pese a lo anterior y aunque en el sector privado valoran el avance que supone contar con este reglamento y su posterior aclaración, también comentan que persisten contradicciones entre ambas versiones y advierten que persisten riesgos.
Respecto de esto último mencionan el encarecimiento de los proyectos, ya que en el reglamento se exige que el diseño de las obras considere la capacidad de responder a la mayor crecida que pueda darse en 10 mil años, mientras que la verificación de las obras está asociada a la respuesta a la máxima crecida probable, algo que no queda definido.
A esto se suma el peligro de retraso, ya que en el caso de los embalses, tranques de relaves y otras estructuras, como mineroductos o concentraductos, que están en trámite de recepción y que durante su construcción hayan tenido cambios respecto del diseño inicial, tendrán que pedir a la DGA que determine si se trata de una adaptación o una modificación sustancial.
En el primer caso no se alterará el cronograma de revisión, pero en el segundo, comentan conocedores de estos temas, el trámite tiene que volver a realizarse.
En este caso, advierten, el retraso no sería menor, considerando que según las estadísticas de la propia DGA, de la que no fue posible obtener una respuesta, al inicio de la actual administración en promedio la recepción de obras mayores tardaba cuatro años y medio, siendo una de las tareas que más tiempo requiere, pues incluye una inspección de seguridad.
Algunos especialistas advierten que en el intertanto las empresas se arriesgan a recibir multas por incumplimientos.
Ley de transmisión sería publicada hoy
Finalmente el lunes la Contraloría tomó razón del decreto de promulgación, lo que permitirá que tentativamente hoy sea publicada en el Diario Oficial la nueva Ley de Transmisión, algo que se esperaba sucediera el sábado recién pasado.
Este hito desencadenará una serie de procesos, entre los cuales figura la conformación de la estructura del coordinador nacional del sistema eléctrico, entidad que sustituirá a los actuales Centros de Despacho Económico de Carga de los sistemas interconectados Central (SIC) y del Norte Grande (SING).
La estimación de la Comisión Nacional de Energía (CNE) es que la redacción de los siete reglamentos que permitirán aplicar esta norma tome del orden de un año.
La novedad es que en forma inédita este proceso se realizará en un esquema participativo para el cual hay más de 300 inscritos.
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