El debate por la necesidad y los eventuales efectos que tendrá el proyecto de ley que busca ampliar la cobertura del subsidio eléctrico no cesa. En una carta enviada el martes a la comisión de Minería y Energía del Senado, un grupo de académicos y expertos del sector eléctrico chileno expresan su preocupación por el articulado e instan al Gobierno y al Congreso Nacional a reconsiderar los principios de diseño del texto.
Los firmantes de la misiva son 11. Entre ellos, el director del Derpartamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica y director general Vinken, Matías Negrete; la consultora de Domo Legal, Daniela González, el diretor ejecutivo de la consultora Valgesta y exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero; el socio director de energiE, Daniel Salazar; y la directora del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile, Catalina Medel.
Si bien reconocen y apoyan la necesidad de otorgar y ampliar esta ayuda, en especial para proteger a las familias más vulnerables, consideran que los principios de diseño propuestos y la forma en que se ha llevado adelante, "alteran los compromisos regulatorios, y podrían afectar la percepción de riesgo en la inversión y la competitividad de la industria energética nacional, un pilar fundamental de la economía chilena, lo que no es deseable para un país que necesita aumentar su crecimiento".
Junto con destacar el aporte que históricamente ha tenido la participación de académicos y expertos especializados en políticas públicas del sector energético, los firmantes sostienen en la misiva que, en este caso particular, "la opinión mayoritaria que se ha formado la academia y los expertos respecto a este proyecto de ley, refleja una preocupación respecto tanto del diseño como de sus impactos asociados, lo que subraya la necesidad de reconsiderar las propuestas actuales".
Según explican, las medidas propuestas que financian el subsidio mediante recursos de privados, basados en el denominado "principio de autocontención", "alteran los principios básicos del mercado competitivo, generan incertidumbre jurídica y, sobre todo, transgreden principios constitucionales básicos sobre los que se cimenta nuestro orden público económico".
Esto, dicen, compromete la confianza de inversionistas y financistas, afectando negativamente proyectos actuales y futuros, con impactos en alzas en los precios futuros traspasables a clientes finales que serían superiores al beneficio asociado a este subsidio.
Un segundo argumento que ponen sobre la mesa es la suficiencia del IVA adicional. Plantean que las estimaciones entregadas por el Ejecutivo muestran que la recaudación adicional del IVA supera las necesidades de los actuales inscritos al subsidio, dejando espacio para apoyo a otros grupos objetivos como -entre otras- las PYMES. Incluso, recogen estudios realizados por la consultora Vinken, asociada a la Escuela de Ingeniería de la UC, los que muestran que la recaudación adicional del IVA podría ser superior a la proyectada por el Ejecutivo.
En tanto, como tercer elemento para sustentar su postura, apuntan a la señal para otros sectores económicos. A juicio del grupo de expertos y académicos, "el sistema de financiamiento propuesto sienta un precedente inadecuado que podría replicarse en otras industrias cuando se requieran financiamientos extraordinarios". "Esto podría debilitar aún más la competitividad de la economía chilena en su conjunto", aseguran.
La advertencia
En la misiva, los firmantes son enfáticos en que la experiencia del sector eléctrico chileno ha demostrado que la forma de tomar decisiones en el ámbito regulatorio son fundamentales para atraer inversiones y mantener precios competitivos. Y lanzan: "Introducir mecanismos como los presentados para resolver cuestiones coyunturales contradice este principio y amenaza con erosionar uno de los sectores más dinámicos y relevantes de la economía nacional".
En efecto, añaden, "esta transición energética requiere de políticas públicas coherentes que impulsen la sostenibilidad a largo plazo, aseguren la protección de los consumidores y mantengan un entorno competitivo para las empresas".
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