Para fines de febrero, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, tiene programada la ceremonia –simbólica- de la primera piedra del proyecto vial Américo Vespucio Oriente tramo I, que busca unir el sector de El Salto con Príncipe de Gales. No obstante, la ejecución de la iniciativa enfrenta una nueva traba: el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) decidió suspender el conocimiento de los recursos de reclamación interpuestos ante el Comité de Ministros mientras no se resuelva una acción judicial.
El comité -conformado por los ministros de Energía, Salud, Minería, Economía, Agricultura y Medio Ambiente- es la última instancia administrativa para la aprobación de una obra, que en este caso contempla 9,1 kilómetros, principalmente bajo tierra, y una inversión de US$ 950 millones. Luego del comité sólo queda la posibilidad de recurrir a los tribunales ambientales para revertir sus dictámenes.
En octubre, el SEA calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, dado que la iniciativa cumple con la normativa, pero la obra acumula cinco reclamaciones ante el comité interministerial.
La Municipalidad de Vitacura presentó un recurso por el cambio de diseño que afectaría al parque y las salidas de la autopista, lo que a su juicio impactarían a calles locales.
La concesionaria, conformada por las españolas OHL y Sacyr, cuestionó además que se incluyeran una serie de modificaciones al proyecto original, como pistas para buses en superficie.
Junto a esto, hay otras tres presentaciones del comité de seguridad y desarrollo Javiera Carrera Norte-Larraín y de Rodrigo Quijada y Samuel Tupper.
En paralelo, en octubre, los dueños del Palacio Riesco presentaron un recurso de protección donde, en primera instancia, la Corte de Apelaciones de Santiago lo declaró inadmisible, pero luego la Corte Suprema revirtió la resolución y ordenó dar tramitación a la acción.
Frente a esto, el SEA determinó: “Resuelvo suspender el conocimiento de los recursos de reclamación (…) mientras no se resuelva de manera firme y ejecutoriada la acción de protección”, dice la resolución firmada por el secretario ejecutivo (s) del SEA y secretario del Comité de Ministros, Juan Cristóbal Moscoso, con fecha 19 de enero de 2018.
“Con la finalidad de asegurar la eficacia de la decisión en sede administrativa, respetando con ello la jurisdicción de los Tribunales Superiores de Justicia, resulta razonable y jurídicamente procedente, suspender el conocimiento de los recursos”, añadió.
En definitiva, lo que se busca es evitar que hayan resoluciones contradictorias entre la justicia civil y la sede administrativa.
Para la empresa, esta situación no afectaría en nada el desarrollo de la obra, que tenía que haberse iniciado a fines del año pasado. Según se estimaba preliminarmente, su puesta en marcha sería en 2020, pero se ve muy difícil que sea durante ese año.
Según abogados expertos en la materia, la empresa puede perfectamente partir las obras. Pero, “esto es a su responsabilidad”, dice un abogado que pide reserva.
Esto por cuanto si bien la empresa tiene una RCA favorable, eventualmente se podría modificar en sede administrativa o judicial, lo que podría obligar a deshacer obras ya ejecutadas.
“El proyecto AVO cuenta con la RCA favorable desde que fuera notificado por el SEA de la Región Metropolitana el 8 de noviembre de 2017, y por tanto, con el permiso para iniciar las obras, las que hasta el minuto se han focalizado en el desarrollo de trabajos preliminares”, dijo la empresa de manera oficial tras ser consultada.
La pelea iniciada por los dueños del Palacio Riesco
Los dueños del Palacio Riesco, ubicado en Ciudad Empresarial, pidieron modificar una parte del proyecto AVO I. Si bien la mayor parte de la obra será subterránea (bajo el parque Américo Vespucio), hay un tramo que contempla un viaducto frente al edificio declarado monumento histórico.
En la evaluación ambiental se solicitó eliminar la obra en superficie, lo cual no fue acogido. Dado esto, Armando Briceño, de Telecomunicaciones de Chile (propietarios del palacio), recurrió a la Corte de Apelaciones y solicitó abrir un nuevo proceso de participación ciudadana.
El abogado Rodrigo Benítez, en representación de la concesionaria, dijo a la justicia que de acogerse la solicitud se podría generar "un importante perjuicio" a AVO I, que ya lleva –destacó- dos años de trámite ambiental. "Ello podría implicar un retraso importante en la ejecución del proyecto que es una concesión adjudicada por el Estado de Chile y respecto de lo cual nuestra representada tiene exigentes obligaciones (...) en lo que se refiere a plazos de implementación", dijo Benítez. El recurso debió verse el pasado 26 de enero en la corte, pero por solicitud del recurrente los alegatos se suspendieron, sin conocerse aún una nueva fecha.
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