Los guetos verticales de Estación Central, las denuncias cruzadas en Parque Pumpin en Valparaíso, o los problemas vistos en la demolición de la Villa San Luis, son sólo ejemplos del nuevo escenario al que se ve enfrentada la industria inmobiliaria.
Esta es una de las temáticas abordadas en el libro La industria inmobiliaria en Chile, Evolución, Desafíos y Mejores Prácticas, organizado por la Universidad de Los Andes, que cuenta con la participación de más de 40 expertos y que será lanzado mañana en un seminario de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y la universidad.
Uno de los participantes del texto es el arquitecto de la Universidad Católica y presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani, quien apunta a que esta nueva fase de la industria tiene que ver con un contexto distinto desde el punto de vista social, el “que requiere mayor capacidad de innovación y complejidades que hacen necesario aportar con mayores conocimientos, con nuevas ideas a la formación de profesionales que se involucran en el sector”.
- ¿Usted piensa que estamos entrando a una transformación nunca antes vista en la industria inmobiliaria?
- Estamos entrando a un proceso de cambios que ha sido lento y que viene ocurriendo los últimos años, que han vivido casi todas las industrias inmobiliarias en los países desarrollados, dado los altos déficit que tenía la ciudadanía y las ciudades en infraestructura, en vivienda, etc. Hasta ahora el tema era de cantidad, todo lo que tú construyeras se vendía, pero el paso de la cantidad a la calidad se ha ido complejizando y esa transición la están viviendo todas las industrias, por lo tanto requiere una nueva manera de mirar, una nueva manera de hacer desarrollo inmobiliario y también una adaptación fuerte del sector público.
- ¿Cómo ha visto que se han ido adaptando las inmobiliarias a esto?
- A la industria le ha costado adaptarse al cambio, salvo algunas empresas que han innovado. Gran parte de la industria inmobiliaria ha seguido operando con las lógicas antiguas, donde bastaba tener un permiso para garantizar que el proyecto se materializaría, o con conocer la demanda para saber si sería exitoso. Algunas han comprendido este cambio y han comenzado un trabajo más dialogante con las comunidades, comprendiendo que el mejoramiento del entorno o de los barrios donde se insertan también es importante para el desarrollo a largo plazo de sus proyectos.
- Como lo plantea la Ley de aporte al espacio urbano...
- Yo diría que ese es uno de los principales cambios. Gran parte de los conflictos en los procesos de densificación no sólo tienen que ver con un conflicto con vecinos, sino que tienen que ver con una percepción de parte de las comunidades que el desarrollo inmobiliario no genera beneficios al entorno.
- ¿Y cómo evalúa la reacción de las empresas respecto de la Ley?
- Parte de la industria ha reaccionado en forma muy conservadora y sólo han visto los costos financieros o económicos, que son absolutamente marginales, pero no han visto los beneficios en facilitar que el desarrollo de los proyectos sea mucho más aceptados por la comunidad. Leyes como esta son la base para generar lo más importante, que es la certidumbre.
- En los últimos meses se ha visto la judicialización de varios proyectos...
- La primera señal importante es que el desarrollo urbano no se resuelve en tribunales, ese es el peor escenario, sino que a través de buenos planes y buenos proyectos. Hoy tenemos una alta superposición de normas y de autoridades que convergen sobre un mismo territorio, como en la Villa San Luis, donde no existe una misma visión de lo que se quiere hacer y eso genera conflictos. Y esos conflictos finalmente generan incertidumbre y se traduce en proyectos conflictivos para la comunidad y para todos.
Tenemos que ver estos episodios como una oportunidad para construir un nuevo marco institucional y un nuevo marco de acuerdo que permita pasar de los conflictos a los acuerdos y de los problemas a las oportunidades.
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