La Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente (AVO, en la que participan las empresas Sacyr y OHL) interpuso un recurso en contra de la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región Metropolitana, que suspendió el proceso de evaluación ambiental del proyecto en su tramo Avenida El Salto-Príncipe de Gales.
"La adopción de la medida provisional ha provocado un grave perjuicio no sólo a la sociedad concesionaria, sino también para el futuro desarrollo de la infraestructura vial de la Región Metropolitana, lo que constituye un límite al ejercicio de la facultad que establece la ley", señala uno de los puntos que sustentan el recurso.
La decisión del organismo estatal fue justificada a raíz de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Centro Norte, tras la denuncia presentada en contra de un funcionario del SEA, cuyas actuaciones podrían ser constitutivas de un delito de negociación incompatible o del delito de cohecho.
Cabe recordar que la Sociedad Concesionaria se hizo parte de la investigación contra dicho funcionario del SEA, tras presentar ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, una querella criminal, en calidad de víctima, fechada el 20 de diciembre de 2016, en contra de todos quienes resulten responsables de los presuntos delitos de negociación incompatible y/o de cohecho, previstos y sancionados en el Código Penal.
En su recurso interpuesto, AVO solicita a la Dirección Regional del SEA de la Región Metropolitana, que deje sin efecto la Resolución Exenta N° 135, y disponga la continuación de la evaluación ambiental del proyecto de conformidad con los antecedentes presentados en la Adenda Complementaria, que fue ingresada el pasado 30 de marzo al expediente electrónico del EIA.
En el caso que la Dirección Regional del SEA de la Región Metropolitana no acoja el recurso de reposición, AVO solicita que, de forma subsidiaria, se dé traslado al Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental del recurso jerárquico, fundado en los mismos argumentos de hecho y derecho presentados en el recurso de reposición.
Según fuentes vinculadas al proceso, la sociedad concesionaria confía que la autoridad ambiental acogerá los argumentos expuestos en el recurso, dado que la medida adoptada por el SEA no es eficaz a los fines perseguidos.
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