Chile podría contar en el mediano plazo con un sistema nacional de alerta temprana para tsunamis.
El Consejo de Concesiones, liderado por el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, recomendó a fines del año pasado declarar de interés público una propuesta privada presentada en mayo de 2017 para implementar un sistema de alerta y notificación de eventuales riesgos de tsunamis, con comunicación redundante y centros de control a nivel regional y central, lo que tendría un costo de unos US$ 70 millones.
En agosto del año pasado, el consejo acordó no pronunciarse sobre esta iniciativa -que contempla una red de casi 1.000 sirenas a lo largo de la costa- porque no existía una opinión clara del Ministerio del Interior respecto al financiamiento del proyecto.
Este considera un subsidio del 97% en la inversión, además de costos de mantenimiento, modelo similar al aplicado en hospitales, cárceles y al Centro de Justicia.
En octubre, el Ministerio de Obras Públicas envió un oficio a Interior, solicitando que en el eventual caso que esta obra se realizara, se comprometan los recursos debidos. A los pocos día, la secretaría de Estado liderada por Mario Fernández respondió: “Este ministerio manifiesta su conformidad con la iniciativa privada” y “en relación al compromiso financiero que implica asumir la ejecución del proyecto, el suscrito manifiesta su disponibilidad para presentar oportunamente, ante la Dirección de Presupuesto, las solicitudes de recursos necesarios para su implementación”.
El consejo pidió la opinión de una serie de organismos públicos, entre estos a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), que se manifestó a favor de la idea de entregar en concesión un sistema de alerta temprana para tsunamis.
“Onemi se manifiesta favorable a la IP 438, toda vez que su implementación bajo la tutela técnica de Onemi como mandante y la administración de la Coordinación de Concesiones del MOP, permitirá dar cumplimiento a la misión institucional de un modo eficiente y eficaz, y, en definitiva, resguardará a las personas, sus bienes y ambiente a través de un alertamiento oportuno”, dijo el director nacional, Ricardo Toro, en una declaración.
Considerando la respuesta del Ministerio del Interior, además de los análisis y respuesta de los otros incumbentes -como la Onemi- el consejo evalúo la factibilidad de declarar el interés público de la obra.
“Los consejeros recomiendan declarar de interés público esta iniciativa, con una importante prevención, la cual es tener especial consideración en la redacción del contrato a suscribir, las responsabilidades y atribuciones del eventual concesionario, de modo tal que el Estado pueda velar adecuadamente por los estándares de servicio que se establezcan y que disponga de cláusulas de salida, dado el alto compromiso financiero público y lo sensible de la materia”, dice el acta de la entidad firmada por el ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga y los otros miembros de la instancia: la ex ministra Sonia Tschorne, el académico Rodrigo Delgadillo y el abogado Juan Andrés Varas.
Situación actual
Según el análisis del Consejo de Concesiones, actualmente la mayoría de las regiones de Chile no disponen de un sistema de alerta en caso de tsunami que pueda ser activado remotamente, de forma casi inmediata, y basado en un sistema de comunicación robusto y respaldado.
Únicamente, cuatro regiones del país cuentan con un sistema de similares características y una (Región de O’Higgins) se encuentra implementándolo.
Este nuevo sistema de alerta, que cuenta con un presupuesto de más de $1.187 millones financiados con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), operará mediante activación remota desde el Centro de Alerta Temprana de la Onemi en Rancagua, a través de un sistema de radio digital, que contará con una opción de respaldo que podrá ser activada de forma satelital. Cubrirá los más de 112,98 kilómetros que hay entre las comunas costeras de Navidad, Litueche, Pichilemu y Paredones, dando soporte a turistas y los cerca de 12.000 habitantes estables de la zona, quienes se encuentran expuestos a los efectos que podría generar un eventual tsunami.
“Se hace necesario la homogeneización de estos sistemas de forma que se estandarice su funcionamiento y la Onemi pueda contar con un control centralizado desde Santiago”, dice el acta del Consejo de Concesiones.
Se añade que la Onemi será el mandante, por lo que esta iniciativa se encontrará bajo sus estándares. Además, dado que se proyecta cubrir toda la costa chilena, se deberá verificar la capacidad de un inspector fiscal para llevar correctamente el contrato.
Junto a esto, se plantea que el servicio propuesto no es de competencia del Ministerio de Obras Públicas, pero la Onemi le otorgaría el mandado.
“Dada la importancia de mantener en óptimas condiciones de operación el sistema 24 horas los 365 días del año, el proyecto contempla costos de mantenimiento relevantes”, precisa el acta del Consejo de Concesiones.
La iniciativa no figura en la cartera de proyectos del Ministerio de Obras Públicas, por lo que se estima que esta iniciativa tendría que ser vista por la administración que liderará Sebastián Piñera.
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