Santa Beatriz, una de las constructoras más grandes del país dedicadas a los segmentos de vivienda económica, se acogió a un proceso de reorganización de sus negocios, contemplado en la nueva ley de quiebras.
La compañía ligada a Emilio Sironvalle y Viviana Padilla inició el proceso de reorganización para salir de situación crítica financiera en abril de este año, aunque en 2015 ya un proveedor había solicitado la liquidación forzosa de la compañía.
El Cuarto Juzgado Civil de Santiago decretó la reorganización hace algunos días. Según el escrito ingresado por Santa Beatriz, los principales acreedores son Penta Vida ($ 10.152 millones), Banco Estado ($ 9.098 millones) e Itaú-Corpbanca ($ 7.602 millones). Las deudas con estas entidades suman $ 26.852 millones.
Según la resolución del juzgado, fue designado Ricardo Alid como veedor titular del proceso, mientras que Francisco Javier Cuadrado fue declarado suplente.
Ahora el siguiente paso es la realización de la junta de acreedores en la que deberán asistir Penta Vida, Banco Estado e Itaú-Corpbanca. Esta reunión se efectuará en un mes más aproximadamente y deberán pronunciarse sobre la propuesta de reorganización judicial que presente Santa Beatriz.
Los motivos
Santa Beatriz comenzó su operación en 1999 concentrándose en viviendas de menos de 1.000 UF.
A través de una declaración, la empresa indicó que el modelo fue exitoso durante los primeros 12 años de existencia “sin embargo, a finales del año 2013 y comienzos de 2014, la industria de la construcción comenzó a sufrir problemas administrativos, financieros y de caja, afectando a todas las empresas del rubro incluyendo a nuestra compañía”.
Añadieron que “a finales del año 2013 decidimos rebajar costos, parar la venta de nuevos proyectos, recuperar cuentas por cobrar y terminar de construir y entregar los departamentos a cada cliente (...) se ha pagado gran parte de la deuda y seguimos en la búsqueda de soluciones para nuestros clientes y proveedores”.
Respecto al proceso judicial, indicaron que el procedimiento permite a las empresas con deudas y contingencias legales reestructurar sus pasivos, ordenar la administración de sus activos y la gestión de sus negocios, en orden a cumplir sus compromisos respetando el derecho de todos sus acreedores. “Este marco legal, permitirá regular el pago a los acreedores, desarrollar los pagos y las actividades de la empresa para alcanzar sus metas de manera efectiva y eficiente, todo ello con el debido control”, señalaron.
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