Un acuerdo con el Ministerio de Hacienda habría sido la clave para viabilizar la construcción de una planta desalinizadora en la Región de Atacama que abastezca el consumo de la población.
Aunque aún no está formalizado, la cartera habría autorizado que la construcción de la unidad sea financiada con fondos regionales.
Conocedores de las negociaciones dijeron que esta fórmula permitiría cubrir la inversión de la primera etapa del proyecto, cuya inversión total es de US$ 250 millones y así asegurar el suministro de agua potable para las zonas de Caldera, Chañaral, Copiapó y Tierra Amarilla.
La clave tras este sistema es que de esta forma se evitaría el traspaso de este costo a las tarifas en esa zona, pues según estimaciones el reajuste de las cuentas asociado a esta iniciativa podría rondar el 60%.
Pese a que el impacto del aluvión que afectó especialmente a esa región implicó la detención de muchos de los proyectos en carpeta, en el gobierno regional hay certeza de que esta planta es algo que no se puede posponer. El consejero regional, Javier Castillo, precisó que aunque la catástrofe ha reenfocado algunos recursos para la reconstrucción, esta inversión no ha sido pospuesta.
"El acuerdo de que se construirá con recursos del Estado está, si es con fondos regionales o del Ministerio del Interior, es lo mismo, pero esa decisión ya está tomada", aseguró.
Otra alternativa que se habría evaluado es inyectar capitales a Econssa, la empresa sanitaria de capitales Corfo y dueña de la concesión sanitaria. Sin embargo, esta idea aparece como menos probable debido a que, según aclararon, también podría tener algún efecto en las cuentas, debido a que la compañía estatal está obligada a rentabilizar sus inversiones.
En el límite del plazo
Si bien Atacama está centrada en superar la catástrofe, el proyecto de desalinización ha tenido algunos avances, ya que el plazo para su operación es cada vez más cercano.
Sergio Icaza, socio de Icafal, compañía que es dueña del 40% de Aguas Chañar, la empresa sanitaria que opera en la zona, explicó que la compañía sigue trabajando en el proyecto.
"Hoy estamos trabajando rápidamente en responder las consultas enviadas desde el Servicio de Evaluación Ambiental. Tras la catástrofe se suspendieron los plazos para la entrega de respuestas a estas consultas, pero estamos trabajando fuertemente para que cuando se reactive todo, podamos responder inmediatamente", aclaró.
Icaza precisó que la compañía tiene la obligación de operar dicha planta para enero de 2018, por lo que siguen trabajando con ese objetivo.
Según el cronograma de operación, la ejecución de las obras está programadas a partir de enero de 2016.
La primera de las tres etapas de construcción, tendrá una capacidad de tratamiento de 450 litros por segundo, mientras que la segunda permitirá totalizar el tratamiento de 1.200 litros por segundo.
La planta estará ubicada en Punta de Zorro, zona ubicada a tres kilómetros de la comuna de Caldera.
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