Aunque por meses la polémica en torno a los denominados guetos verticales se apagó, un dictamen de la Contraloría General de la República encendió las alarmas en el sector inmobiliario, abriendo la discusión en torno a las edificaciones que se erigen en la comuna insigne de este fenómeno: Estación Central.
El 11 de diciembre, el ente dirigido por Jorge Bermúdez difundió un dictamen en que respalda por completo las instrucciones emanadas por el Ministerio de Vivienda, ratificando que una serie de permisos emitidos por la Dirección de Obras estaban mal otorgados ya que las superficies aprobadas eran mayores a las que correspondían, por lo que se pide tomar las acciones que implicarían que eventualmente los permisos deban anularse.
Este pronunciamiento se dio luego que diversas inmobiliarias hicieran presentaciones a la Contraloría con el objetivo de que sus permisos de edificación no fueran impugnados. Entre ellas, figura la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Ramaq Ltda., Inmobiliaria e Inversiones Alameda Limitada, Inmobiliaria Armas FP SpA., e Inmobiliaria Su Ksa Limitada.
El análisis apunta a que estos proyectos extralimitaron la norma aplicable para este sector del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, ya que aunque ese instrumento no fija una altura límite, sí obligaría distanciarse de las propiedades vecinas, lo que haría imposible las alturas y volumen que se pensaba construir.
“Es menester concluir –a diferencia de lo planteado por las sociedades reclamantes-, que no se advierte reproche que formular a la interpretación efectuada por la DDU (División de Desarrollo Urbano del Minvu) en orden a que en aquellos casos en que no se contempla altura máxima, no es posible aplicar el sistema de agrupamiento de edificación continua”, dice la Contraloría.
En simple, el organismo señaló que no hay límite de altura en Estación Central, pero los edificios no pueden pegarse a los vecinos. Así, se estaría prohibiendo que se construyan las mismas torres que han estado en cuestionamiento.
Los efectos
El pronunciamiento no pasó inadvertido. Fuentes del sector concluyen que ahora los proyectos en la zona que estaban siendo diseñados con esta lógica, o no se construirán o tendrán que adaptarse.
En el caso de los edificios construidos con permisos mal otorgados, no saldrían perjudicados. Esto, porque los tribunales han dicho que un error en un permiso no puede terminar afectando a los propietarios de los departamentos.
“No afectaría a los edificios ya construidos y vendidos, pero sí a los edificios que están pidiendo permiso o están en construcción”, dicen en la industria.
El presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani, asegura que “la conclusión más pública es que la Contraloría confirmó que este tipo de torres de hiperdensidad en Estación Central claramente estaban al margen de la ley. Y que, por lo tanto, obliga a la Dirección de Obras Municipales de Estación Central a corregir esos permisos y a declararlos nulos”.
“Hubo interpretaciones erradas de la normativa que además fueron detonadas por un tipo de construcción que generó un conflicto creciente”, agrega.
¿Los efectos? Bresciani pone dos elementos sobre la mesa. El primero, dice, es que los propietarios tendrán que adaptar sus proyectos a la normativa vigente, tal cual ha sido establecido. “Eso implica que algunos proyectos, cambiando su diseño y adaptándose mejor a las condiciones de Estación Central, podrán ser viables, pero probablemente habrán casos donde algunos no lo serán y tendrán que repensarse por completo”, explica.
Según el experto, la Contraloría conmina al municipio a que actualice su normativa de plan regulador. Por lo tanto, “también algunos proyectos se tendrán que ir adaptando a las nuevas condiciones que el plan regulador proponga”, dice.
Otra fuente dice que el dictamen es débil y que con el quedan expuestos a ser demandados los involucrados.
Concejales analizan acusar al alcalde por abandono de deberes
El concejal de Estación Central, Felipe Muñoz, cree que lo sucedido es satisfactorio bajo cualquier punto de vista y que este dictamen entrega opciones para seguir adelante en este debate. A partir de este hecho, adelanta que junto a un grupo de concejales están evaluando la posibilidad de preguntar al Tribunal Electoral Metropolitano si es que efectivamente el alcalde Rodrigo Delgado se encuentra en abandono de deberes.
"Aquí hay una responsabilidad del alcalde de poder tener el plano regulador actualizado, cosa que acá efectivamente no se hizo. Por la misma razón vamos a consultar si se encuentra en esa condición el alcalde o no", enfatiza. Y agrega: "Es lo que nos corresponde como concejales. Y los vecinos afectados tendrán también que hacer las acciones judiciales que estimen pertinentes".
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