La disputa entre el Terminal Pacífico Sur (TPS) y la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) está cada vez más lejos de lograr un punto de encuentro. El 1 de diciembre, el concesionario del puerto de Valparaíso ligado al grupo Von Appen presentó una demanda contra la estatal, acusando prácticas anticompetitivas, lo que abrió un nuevo flanco entre ambos actores.
La acción se gestó a partir de una consulta previa realizada en octubre por parte de TPS donde el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) respondió que el camino era interponer una demanda. Así, se transformó en esta acción contenciosa, que gira en torno a tres actos eventualmente anticompetitivos en los que habría incurrido EPV.
El primero, está relacionado con las denominadas cargas limpias, que consiste en que en julio de 2015 EPV prohibió la realización de inspecciones físicas a la carga al interior del puerto, desviando nominativamente dichas actividades a la ZEAL.
Esta decisión se habría tomado luego de una manifestación de los transportistas de la región a fines de 2014 producto de los atrasos e ineficiencias producidas en la ZEAL por la realización de dichas actividades.
Los otros dos actos denunciados están relacionados con los cruceros. La conducta que sería anticompetitiva, y que se arrastraría desde febrero de este año, se trata que EPV impuso un nuevo procedimiento de atención de naves de pasajeros que da un trato privilegiado a estas naves en desmedro de las de carga.
Y, por último, se denuncia la negativa de registro de un nuevo importe máximo (no necesariamente efectivo) de una de las tarifas de atención de pasajeros de TPS.
Los efectos
Según plantea TPS, los actos y conductas de EPV, además de infringir una serie de derechos de la empresa, afectan la libre competencia en el mercado.
Por ejemplo, argumentan que la prohibición a TPS de prestar los servicios relacionados con el aforo y la inspección a la carga que se transfiere por el puerto, ha generado un alza de costos de la cadena logística de transferencia de carga a través de los puertos de la V región.
Además, dice, imponen a TPS la carga/gravamen de atender preferentemente a cruceros (a pesar de que el puerto se especializa en la transferencia de carga), sin poder registrar un nuevo importe máximo por dicho trato privilegiado.
Esto, dicen, genera una asimetría regulatoria que impide a TPS competir en igualdad de condiciones con San Antonio Terminal Internacional (STI) y PCE, concesionarios en el puerto de San Antonio, desde que la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA) no ha adoptado tales decisiones.
Otro proceso en curso
Sin embargo, el escenario de conflictos entre ambos protagonistas no es nuevo. En paralelo a la acción interpuesta por TPS y EPV, en noviembre de este año fue este último quien demandó a la concesionaria ligado al grupo Von Appen ante el mismo organismo, acusando también problemas de libre competencia.
En este caso, la acción judicial busca sancionar a TPS por incurrir en prácticas “ilegales, discriminatorias o abusivas”, conductas que estarían dirigidas “deliberadamente a impedir, restringir y entorpecer la acción de dichos navíos”.
Acto seguido, según comentó la demandada en ese minuto, esta sería “una respuesta instrumental a las acciones que nuestra empresa ya había iniciado y que continuará ante el TDLC”.
Y es más. Según TPS esta acción intenta “ocultar la falta de planificación de EPV en materia de infraestructura para cruceros y la urgencia que debería darle a este último tema”, destacando el “incomprensible retraso” en la construcción del Terminal 2 y el fuerte contraste con el Puerto de San Antonio en esta materia.
De hecho, para TPS, esta sería la causa por la cual en el puerto de Valparaíso se ha observado un descenso en los arribos de esas naves, que han optado por recalar en San Antonio.
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