El pasado 26 de septiembre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra las personas que resulten responsables de “ocultar información esencial de forma maliciosa” en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero El Encierro, ligado a Antofagasta Minerals.
En febrero de este ejercicio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dio término anticipado y denunció ante el Ministerio Público al proyecto El Encierro -valorado en US$ 95 millones-, luego de que la institución se percató de un eventual ocultamiento de información respecto de crías de jilguero cordillerano descubiertas en el área de influencia del proyecto, cuestión que la empresa minera niega.
En el caso de encontrar responsables, la pena prevista para ellos va desde presidio menor en sus grados mínimo a uno medio (51 a 100 días), sumado a una multa por hasta UTM 1.000 ($ 66 millones).
Fuentes de Antofagasta Minerals señalaron que no hubo ocultamiento de información sino que en la DIA se incluyó una foto de un ave junto a un comentario realizado por la consultora ambiental externa que sugería no presentar la imagen pero, por un error, dicho mensaje no fue eliminado en la presentación del documento aunque la presencia del jilguero cordillerano fue mencionada siete veces en la DIA y por ello no hay tal ocultamiento de información.
Ligados al proceso hicieron ver que el juzgado de Vallenar fijó para noviembre una nueva audiencia de sobreseimiento definitivo por el caso, luego de que la entidad concluyó que no existían hechos constitutivos de delito. Aún así, el juez postergó la decisión debido a la presentación de la querella pocas horas antes de la audiencia de sobreseimiento realizada el 27 de septiembre pasado.
Cercanos a AMSA indicaron que “llama la atención que el CDE, habiendo tenido tiempo desde febrero, haya presentado esta acción legal a último minuto, restringiendo los derechos procesales tanto de la empresa como de la Fiscalía, que no conocieron este documento previamente”.
Y agregaron que “debido a la presentación de esta querella, se retrasa un proyecto de prospección por US$95 millones que busca precisar las características geológicas de un yacimiento que podría ser explotado en el futuro”.
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