Tras un largo paso por Contraloría que incluso influyó en la paralización de la búsqueda de un socio estratégico para desarrollar el negocio del litio, el Ministerio de Minería logró sacar adelante el Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL) para Codelco en el Salar de Maricunga, en la región de Atacama.
El jueves se publicó en el Diario Oficial el documento con condiciones a las que se deberá regir la minera estatal si es que quiere llevar adelante este nuevo negocio, el que estaba dentro de los objetivos del gobierno de Michelle Bachelet.
En el documento se fija un período de concesión de 39 años, es decir su vigencia durará hasta el 31 de diciembre de 2057, lo que es concordante con el fijado por la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) cuando autorizó la cuota.
Pero además, el documento de diez páginas entregó a Codelco una zona relevante y mayoritaria de Maricunga, según fuentes entendidas del tema, lo que -en la práctica- impedirá que otros actores desarrollen con facilidad el negocio en la zona.
Según explican expertos, el polígono compuesto por las cuatro áreas otorgadas en los documentos, establecen una zona más allá de las pertenencias que posee la estatal.
La firma tiene el equivalente a 18% de las concesiones del litio del Salar de Maricunga, unas 2.682 hectáreas, sin embargo, sería una zona con problemas dadas la menor calidad de la salmuera que pueda extraerse.
Minera Salar Blanco posee 2.574 has y SQM con 2.252 has, concentrando aproximadamente el 90% del núcleo más atractivo de Maricunga, el que garantiza una rentabilidad atractiva para un proyecto cuyos costos ascienden a unos US$ 400 millones.
En la industria estiman que además de reactivar el proceso de búsqueda de un socio para entrar a definir las características de un proyecto, Codelco deberá abocarse a lograr acuerdos para consolidar posiciones en el Salar.
Una posible alianza con SQM suena como una primera opción, en el marco del acuerdo que la minera no metálica logró con Corfo en el Salar de Atacama.
Según explicó en enero el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, la intención es “dejar disponible (la opción) para Codelco, para que evalúe la posibilidad de consolidar la propiedad minera en el Salar de Maricunga y viabilizar el desarrollo de una nueva actividad en este ámbito”.
Consultada Codelco, señalaron que “es una muy buena noticia para la Corporación, dado que representa un importante avance hacia la efectiva suscripción de dicho contrato con el Ministerio de Minería”.
Control para siempre
Pero hay otro punto que llamó la atención. Esto porque la filial mediante la que se desarrollará el negocio, Salar Maricunga SA, deberá ser siempre controlada por Codelco y no por un tercero.
Según fuentes de la industria, el plan inicial era tener un rol más bien secundario en esto -dado que no es su foco de negocio-, pero ahora habrá que analizar bajo qué fórmula se puede ejercer el control sin que eso desaliente la búsqueda de un socio estratégico.
La pérdida del control por parte de Codelco es uno de los motivos de término del contrato, lo que habría surgido a raíz de comentarios surgidos en su paso por Contraloría.
Con la obtención del CEOL, Codelco completa una nueva autorización clave, después de haber logrado el de la CChEN en 2017 donde se fijó una cuota que equivalía al doble de la que tenía SQM en el Salar de Atacama antes de renovar su acuerdo con Corfo.
Regalías y valor agregado
El documento establece las regalías y los compromisos que regirán el contrato entre el Ministerio de Minería y Codelco.
La filial de Codelco estará obligada a entregar al Estado un pago específico que estará compuesto por un pago trimestral basado en las ventas del producto del litio (3% fijo) y otro aporte anual asociado a la utilidad operacional de la compañía, el que tendrá un porcentaje que será variable -lo que intenta capturar alzas en el precio del mineral-, misma fórmula que Corfo ya fijó con Albemarle y SQM en el Salar de Atacama.
El acuerdo garantiza también una venta preferente del mineral a aquellos productores que en Chile entreguen valor agregado al producto previa su exportación, lo que también fue instaurado por Corfo.
Finalmente, se establece que ante diferencias, será una terna de expertos los que deberán dirimirla. Los costos deberán ser cancelados en partes iguales.
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