No tuvo respaldo en el gobierno la moción que fue presentada por un grupo de diez parlamentarios el 12 de septiembre del año pasado a la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es establecer una compensación -denominada royalty minero- a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, equivalente al 3% del valor nominal de los minerales extraídos.
La iniciativa, que plantea que el royalty constituye un derecho y no un tributo técnicamente hablando, fija una compensación que deberá ser pagada anualmente.
En la penúltima sesión de la comisión de Minería y Energía de la Cámara, realizada el 16 de enero previo al receso, el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, manifestó la opinión del gobierno frente al articulado, señalando de entrada que la iniciativa “adolece de un vicio inconstitucional”.
Según explicó, el proyecto propuesto tiene por objeto establecer un tributo, y la imposición de estos es parte de la reserva legal establecida por la carta fundamental, radicando en el Presidente de la República tal facultad.
“Si bien el proyecto de ley intenta establecer que el royalty es un derecho desconociendo la naturaleza real del gravamen impuesto por el Estado, es innegable que estamos frente a un tributo, por lo cual solo el Presidente de la República puede imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquiera clase o naturaleza”, apuntó.
Pero más allá de lo formal, Terrazas ahondó en el fondo de la propuesta de los parlamentarios, fijando su atención en algunos puntos. Considerando que la compensación a favor del Estado deberá destinarse a obras de desarrollo en las comunas en donde se encuentren los yacimientos respectivos de donde se extraiga el mineral, que permitan mitigar los efectos ambientales que produzca la actividad minera, Terrazas aseguró que las empresas ya están –además de otros impuestos- cubriendo mitigaciones. Esto, porque cuando se está en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental se tienen que hacer cargo de la mitigación y reparación del medio ambiente, de eventuales impactos y eso tiene un costo para las firmas.
“Este impuesto estaría pagando dos veces lo mismo: uno por la vía tributaria y otro por la vía del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Es un impuesto para nosotros que va orientado a la mitigación, cuando este último tema, ya lo tenemos resuelto a costa del titular del proyecto”, enfatizó en la instancia. Como ejemplo, repasó el régimen vigente de la actividad minera e incluso los cargos ambientales que se establecen hoy como los denominados impuestos verdes.
Sobre su postura, Terrazas puntualizó a este medio que “el programa de gobierno del Presidente Piñera no contempla un alza de impuestos”, agregando que “lo que sí se ha comprometido es a una instancia intersectorial en donde se revisará la forma en cómo se distribuye el royalty minero, para que más recursos queden en las zonas en donde se extraen los minerales”.
Continúan los movimientos en sindicatos de Chuqui
Luego de que el viernes los grandes sindicatos de la División Chuquicamata de Codelco mantuviesen su postura de seguir el proceso reglado, las salidas de trabajadores desde estas organizaciones sindicales hasta los Sindicatos Minero y N°5 -quienes optaron por la negociación anticipada-, se hicieron más intensivas. Esto, porque justamente ayer estos últimos sindicatos firmaban un nuevo contrato colectivo con la cuprífera, lo que motivaba a los trabajadores a sumarse a sus filas y optar por sus beneficios.
Según trascendió, hasta el domingo, el Sindicato Minero agrupaba 1.154 trabajadores. Mientras, en el caso del Sindicato N°5, la cifra llegó a 301. Así, el total de socios de ambos sindicatos, llegaba a 1.455 afiliados. El 7 de enero el total de trabajadores entre las dos organizaciones sindicales llegaba a solo 366 sindicalizados.
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