Los tres sindicatos de trabajadores de la empresa Quiborax, tercera mayor productora de boro del mundo que lleva paralizada desde el 11 de septiembre, presentaron una carta ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados solicitando ser recibidos en audiencia para exponer la "extrema" e "injusta situación" que viven.
Así, en representación de los más de 800 trabajadores directos y más de 1.000 indirectos que interactúan con la compañía en la región de Arica y Parinacota, los firmantes calificaron de "temeraria" la demanda por daño ambiental interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) que apunta a la eventual afectación del Salar de Surire.
"En julio pasado la empresa fue demandada por el CDE debido a un supuesto daño ambiental que vendría provocándose hace casi 40 años, lo que, evidentemente, resulta inverosímil si se considera que el Estado, a través de diversos organismos, fiscaliza, en forma permanente, las faenas mineras de la empresa y, más aún, el propio CDE (en visitas realizadas los últimos años), ha podido corroborar que la empresa es absolutamente cumplidora de toda la regulación de sus actividades, en especial la ambiental", sostuvieron.
En esa línea, los trabajadores acusaron que "la entidad a la que pertenecemos ha sido hostigada y perseguida en un corto periodo de tiempo de 2 años, lo que atribuimos sólo a eventuales razones impulsadas por el activismo irresponsable e irreflexivo de algunos funcionarios públicos locales".
Fue el 11 de septiembre cuando el Primer Tribunal Ambiental (1TA) decretó una medida cautelar solicitada por el CDE y paralizó la totalidad de las faenas mineras de Quiborax en el Salar de Surire. Situación que ha provocado, según afirmaron los sindicalistas, que más de 20 mil personas -considerando los grupos familiares- "hayamos quedado sin la posibilidad de ejecutar nuestras laborales, generando un desastre a nivel humano y también regional".
Cabe destacar que Quiborax, según expusieron, genera el 36% de empleos del rubro en la zona y el 7,2% del total de trabajos de la región. Asimismo, aporta entre el 7% y 10% del PIB regional y su producto representa el 17% de la carga nacional despachada por el puerto de Arica.
"Entendemos que el CDE sea un organismo autónomo que puede iniciar juicios en contra de cualquier persona o empresa si así lo estima, pero lo que no es justificable es que sin siquiera aún conocer la posición de la contraparte (Quiborax) se haya requerido a un Tribunal una medida cautelar de suyo extrema, que nos ha puesto en una situación de vulnerabilidad máxima", criticaron en la carta.
Los trabajadores manifestaron que "el CDE ha actuado de manera absolutamente irresponsable al poner en jaque, sin fundamento, la vida e integridad económica y familiar de más de 20 mil personas de la región que dependen de la fuente de empleo que durante décadas, de manera responsable y honesta, ha generado la empresa". Y enjuiciaron el que el organismo no haya realizado ninguna coordinación con ministerio u organismos estatales antes de solicitar la cautelar.
Respecto al salar, los representantes sindicales expusieron que "la demanda interpuesta por el CDE ni siquiera fue consentida ni consultada con la comunidad indígena propietaria de las tierras del Salar de Surire, custodios ancestrales y principales fiscalizadores de las operaciones de la empresa, quienes, por cierto, no sólo manifestaron su malestar al señor presidente del CDE, sino que recientemente se hicieron parte del proceso ambiental, al igual que los suscriptores de esta carta".
Producto de la paralización, detallaron, en el sector Santa Marta quedaron acopiadas y listas para su tratamiento más de 378 mil toneladas de ulexita, mineral base para el proceso productivo del Ácido Bórico que se efectúa en la Planta El Águila, ubicada a 4 horas del salar. "Como si fuera poco, si no se baja este material acopiado en Surire, se generarán lagunas artificiales que sí afectarán al medio ambiente", afirman.
Producto de ese material acopiado, los sindicatos solicitaron al 1TA la autorización para bajarlo y subsanar de forma preliminar la crisis generada, sin embargo, la solicitud fue rechazada el pasado 10 de octubre "sin importar el aumento de cesantía, ni el problema económico, ni los futuros despidos masivos", expresaron.
Los firmantes informaron que se encontrarán en la ciudad de Santiago del 4 al 6 de noviembre, por lo que esperan que la Comisión de Minería los atienda y escuche en dicha fecha.
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