Sólo dos días antes que terminara la gestión de la ministra de Minería, Aurora Williams, se promulgaba el Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL), mediante el cual se autoriza a Codelco a extraer este mineral clave para la elaboración de baterías en el Salar de Maricunga, en la región de Atacama.
El permiso se otorgó luego de la toma de razón por parte de Contraloría, proceso que no estuvo exento de dificultades, ya que fue retirado en dos ocasiones para realizar ajustes.
Pero tras lograr ese hito -muy relevante en el proceso de búsqueda de un socio para incursionar en este negocio-, el permiso acaba de sufrir una amenaza. La Minera Salar Blanco, firma ligada inversionistas nacionales como Martín Borda, los australianos de Lithium Power International y los canadienses Bearing Lithium, presentó un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago, alegando irregularidades en el otorgamiento del CEOL a la estatal.
En el escrito, patrocinado por el abogado Francisco Bartucevic, se alega que de prosperar la situación, la cuprífera estaría desarrollando actividades económicas “que no le han sido autorizadas”.
El principal argumento apunta al giro que mantiene la estatal y asegura que “es claro que su ámbito de acción se vincula con la exploración y explotación cuprífera, sin que pueda concebírselo alcanzando otros minerales (salvo aquellos que produzca con ocasión de la explotación de yacimientos de cobre)”.
A juicio de Salar Blanco, el proceso se encontraría viciado, ya que para ampliar el giro de la empresa se requiere de una autorización por parte de una ley de quórum calificado.
Según la interpretación del demandante, a través de la entrega del CEOL por parte del Ministerio de Minería “se pretende dar la apariencia de que un particular es el que está actuando, burlando la garantía constitucional, cuando lo cierto es que Salar de Maricunga SpA es una sociedad del Estado, por lo que también requiere de una autorización mediante ley de quórum calificado”.
A esto se suma que en esa compañía verían una suerte de bloqueo al proyecto que ellos comenzaron a estudiar hace cuatro años en sus pertenencias en el Salar de Maricunga y por los que han invertido unos US$ 50 millones en estudios y exploraciones, un 10% de lo que requiere en total la iniciativa.
La corte acogió a trámite el recurso, pero no aceptó una orden de no innovar.
Búsqueda de socio
Abogados de la plaza y conocedores de la estatal, apuntan a que la movida de Salar Blanco es arriesgada, ya que se enfrenta directamente con el Estado.
Donde no existe coincidencia es en el peso del principal argumento esgrimido por el denunciante, porque Codelco ya cuenta con presencia en otros tipos de negocios diferentes a la extracción del mineral, como energía o puertos. Lo único diferente en este caso es que el litio es una actividad demasiado similar a su negocio principal.
Se espera que la próxima semana este caso sea analizado en la sala de la Corte de Apelaciones, ya que Codelco tiene hasta el sábado para presentar una serie de documentos requeridos por la justicia.
Según fuentes de la industria, el proceso de búsqueda de un socio para la extracción de litio que lleva adelante Codelco, punto clave para concretar algún tipo de proyecto en Maricunga, sigue congelado y seguiría así al menos hasta mayo próximo, cuando asuman los nuevos integrantes del directorio, incluido el nuevo presidente de la mesa.
Patricio Aguilera, director ejecutivo del organismo
CChEN: "Ambos permisos no son incompatibles"
Autoridad dice que la estatal deberá buscar acuerdos en el salar.
La ofensiva de Salar Blanco en contra de Codelco, se da en medio de la autorización que recibió por parte de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN), la cual otorgó un permiso de explotación por 30 años para extraer 88.885 toneladas métricas de Litio Metálico Equivalente (LME).
El terreno otorgado, es sobre las pertenencias mineras antiguas que posee la minera, por lo cual no requieren de un CEOL. No obstante, estas se superponen con las autorizadas a Codelco en 2017, lo que según el director ejecutivo de la CChEN, Patricio Aguilera, no es incompatible, pero sí se obligará a la estatal a buscar tratos o compras con algunos de los propietarios del Salar.
"Ambos permisos no son incompatibles, pero ese es un tema que tendrán que solucionar ellos. En algún momento se dijo cuando autorizamos a Codelco que estábamos pasando a llevar la propiedad privada y derechos de terceros, pero no es así, nosotros los autorizamos por ser una empresa estatal, pero con condiciones", explica Aguilera.
Y esas exigencias tienen que ver justamente con que la cuprífera consiga derechos para consolidar su propiedad. "Una cosa es tener el permiso de la CChEN, y otra cosa es que tengas los derechos de las pertenencias, comprando o arrendado a alguien, lo que depende de ellos", concluye Aguilera.
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