Tras casi seis años de litigio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió un fallo a favor de Antofagasta Minerals y Barrick Gold por la demanda presentada en contra del Estado de Pakistán, en el marco de su proyecto Reko Diq.
La acción surgió en 2011, cuando Tethyan Copper Company (TCC), donde participa la minera del grupo Luksic y la canadiense, acudieron al organismo después que se les negaran licencias mineras, algo que ahora según dictaminó el Ciadi violaba los tratados bilaterales con Australia, donde está constituida la minera.
Luego de que el organismo desechara los últimos argumentos de Pakistán para desligarse de su responsabilidad, ayer se inició el proceso en el cual las partes podrán presentar las pruebas para determinar los daños y perjuicios ocasionados, para finalmente determinar el monto que deberá pagar el Estado a TCC.
La ronda final será extensa y consta de varias etapas que ya están calendarizadas, donde las partes podrán incluso replicar la información que presente el contrario. De este modo, el tribunal deberá determinar cuál es el valor justo de mercado por el cual deben ser compensados.
Dado que los alegatos orales están programados hacia fines de año, se espera que una resolución debería recién conocerse en 2018.
“Estamos muy satisfechos con este fallo. Ahora se inicia la fase para determinar daños y perjuicios y esperamos que, una vez que concluya el proceso, Tethyan reciba una indemnización que le permita obtener el valor justo de mercado que tenían el proyecto cuando le fue denegada la solicitud de una licencia minera”, indicó el presidente ejecutivo de Antofagasta plc, Iván Arriagada. Se calcula que Reko Diq implicaría una inversión en torno a los US$ 3.000 millones.
Las acusaciones
La larga disputa arbitral tuvo su último capítulo en noviembre, cuando una autoridad pakistaní acusó a las empresas de obtener la licencia de manera corrupta.
Según reprodujo el diario pakistaní The Express Tribune, será el procurador general de ese país, Ashtar Ausaf Ali, quien representa a su gobierno ante el Ciadi, dijo que “nuestra (defensa) es que el acuerdo-licencia de minería fue adquirido por medios corruptos... por lo tanto, el reclamante no puede pedir daños”.
Tethyan no demoró en contestar y consultados por DF calificó en su momento las acusaciones como infundadas.
“Representantes de Pakistán han utilizado variadas tácticas para demorar y obstruir este juicio arbitral. Las acusaciones ahora referidas son simplemente la más reciente de dichas tácticas y tienen la intención manifiesta de retrasar la evaluación de los daños y perjuicios que Pakistán adeuda a Tethyan”, dijeron.
Respecto de la imputación de corrupción, TCC consideró que corresponde a un intento de su contraparte de evadir su responsabilidad, por la vía de “la manipulación de una válida preocupación de la opinión pública por los temas de corrupción”.
El origen del problema se explica porque una corte de Pakistán declaró nulo el acuerdo de joint venture firmado en primera instancia en 1993 entre el gobierno de Baluchistán y la australiana BHP, tras lo cual ésta vendió su participación en Tethyan que era una empresa de exploración, la que posteriormente fue adquirida por el brazo minero de los Luksic.
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