Por unanimidad, los diputados de la Comisión Investigadora sobre la utilización de recursos públicos de Codelco aprobaron el informe que concluye el trabajo realizado a lo largo de seis meses.
En esencia, el documento respalda la labor realizada por la Contraloría General de la República al fiscalizar contratos con partes relacionadas celebrados por la estatal.
Marcos Espinosa, presidente de la comisión, señaló que “hubo un pronunciamiento unánime de que el informe de Contraloría y las observaciones que ésta hizo se ajustaban a derecho y a las facultades fiscalizadoras que tiene este órgano”.
En el escrito, además, se recomienda dar urgencia al proyecto de ley que busca robustecer las facultades fiscalizadoras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
“Coincidimos en la necesidad de enviar ese proyecto de ley a discusión en el Congreso Nacional porque requiere de un mayor fortalecimiento en lo que es su rol como fiscalizador de Codelco”, añadió Espinosa.
Otros de los ejes que plantea el informe manifiesta la necesidad de mejorar el funcionamiento interno de la cuprífera, asegurando que éste se ajuste a las regulaciones propias de una empresa del Estado.
“Lo que propone el documento es señalar que Codelco no puede apartarse de lo que está establecido en las normas de contratación y compras públicas”, señaló la diputada DC, Yasna Provoste.
A juicio del diputado Espinosa, “en la medida en que se hagan correcciones al modelo del gobierno corporativo de Codelco y se refuerce el rol de la Contraloría como órgano fiscalizador del estado y de los recursos públicos, vamos a consolidar y asegurar el carácter estatal de la principal empresa de cobre del país”.
Si bien en el escrito no hay referencias directas a la arista judicial que tiene enfrentadas a ambas instituciones, en la votación la diputada RN Paulina Núñez calificó como “inadecuado” por parte de Codelco judicializar el tema “no sólo porque va en contra de su propia normativa, sino también porque de esa forma se impide tomar conocimiento de esos temas por parte de otros órganos contralores”.
Por ahora, dado lo ajustada de la agenda legislativa que está pronta a entrar a receso, la rendición del documento deberá esperar hasta marzo para ser votado en Sala, tras lo cual podrá ser despachado a los principales actores involucrados.
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