Fueron casi dos meses de análisis, pero la Tercera Sala de la Corte Suprema resolvió dar espacio para escuchar los reclamos de seis organizaciones y personas naturales que están en contra del proyecto minero-portuario Dominga, impulsado por Andes Iron.
La iniciativa recibió nueva vida cuando el Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta decidiera, a fines de abril, declarar como ilegales una serie de actuaciones, como la votación que se dio en la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, porque las decisiones no estuvieron suficientemente motivadas ni fundadas, lo que influyó también en la decisión que después tomó el Comité de Ministros, que confirmó el rechazo del proyecto.
Tras la resolución del organismo especializado, se presentaron seis casaciones ante la Corte Suprema, donde intentarán revertir el fallo.
Entre ellos estaba Oceana, la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, entre otras personas naturales.
Y pese a que se esperaba que los reclamos no fueran admitidos a trámite -dado que las partes principales del juicio no habían apelado-, la Corte decidió que escuchará los alegatos.
La empresa incluso presentó hace algunas semanas argumentos de por qué no se debería dar trámite a este proceso, rechazándolo de plano.
Sin embargo, en una escueta resolución del miércoles 8 de agosto, la Corte señaló: “Tráiganse los autos en relación para conocer el recurso de casación en el fondo”.
Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile, señaló que esto “implica que la causa se va a discutir ante la Corte Suprema, es decir, se van a producir alegatos en donde podremos exponer las razones por las que consideramos que la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta se debe invalidar”.
Agregó que esto “será una instancia para exponer que el fallo que ordenó que se volviera a votar el proyecto en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, instancia que ya había rechazado el proyecto en marzo de 2017 y posteriormente ratificado por el Comité de Ministros en agosto del año pasado, se basó en aspectos formales y no en el fondo”.
La ONG dijo que cuando se produzcan los alegatos, expondrán que los vicios formales identificados por el Tribunal Ambiental no tenían la entidad para invalidar las decisiones de los órganos de la administración que rechazaron el proyecto.
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