J&F Investimentos, dueña de la procesadora de carne brasileña JBS, llegó a un acuerdo con la fiscalía para pagar 10.300 millones de reales (US$ 3.178 millones), el mayor arreglo reparatorio de la historia. La filial se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción que amenaza con derribar al gobierno del presidente Michel Temer.
El monto pactado supera al récord anterior, registrado por otra compañía brasileña –la constructora Odebrecht– que aceptó pagar US$ 2.617 millones para cerrar el caso en su contra.
J&F, que logró una rebaja
de US$ 277 millones en la multa propuesta originalmente por los fiscales, tendrá un plazo de 25 años para pagar. La cifra representa 5,6% de los ingresos de la compañía el año pasado, pero los costos relacionados con el caso están lejos de terminar, porque se estima que todavía podría tener que desembolsar hasta US$ 6.500 millones adicionales en juicios ligados a cargos criminales.
Considerando los cinco mayores acuerdos reparatorios alcanzados por la fiscalía brasileña con empresas acusadas de pagar sobornos, las autoridades han logrado recuperar cerca de US$ 7.250 millones.
Destrucción de valor
La compañía confirmó ayer los reportes, luego de que sus tres propuestas anteriores fueran rechazadas por los fiscales y la empresa contratara a un nuevo equipo de abogados el martes. J&F informó además que la cifra será cargada a la matriz para no perjudicar a los accionistas de JBS, que ha visto sus acciones desplomarse 35% desde su máximo anterior.
Tras el anuncio, los títulos de la empresa repuntaron ayer 9,05%, ante la expectativa de que pueda comenzar a dejar atrás el episodio y volver a concentrarse en su negocio. Los inversionistas están apostando además a que la procesadora de carne tendrá que aprobar un dividendo adicional para ayudar a sus controladores a pagar la multa.
Gobierno en crisis
La mayor productora de carne del mundo saltó al centro de los escándalos de corrupción luego de que Joesley Batista, presidente del directorio de JBS, y su hermano Wesley, presidente ejecutivo, alcanzaran un acuerdo de delación compensada con los investigadores. Como parte de ese pacto, los empresarios entregaron a los fiscales cintas de audio donde discuten con Temer el pago de sobornos para comprar el silencio del expresidente de la cámara baja del congreso, Eduardo Cunha, actualmente en prisión, y en la cual el mandatario aparentemente habría avalado su proceder, o al menos no lo habría censurado. Después de ese encuentro no existe registro de que Temer haya intentado denunciarlos a la justicia, razón por la cual es ahora investigado por corrupción pasiva y obstrucción a la justicia, entre otros cargos.
El caso amenaza con desatar un juicio político contra Temer, que llegó al poder precisamente luego de que su predecesora, Dilma Rousseff, fuera impugnada por un escándalo de corrupción. Otros ejecutivos de la misma compañía aseguran haber pagado cerca de US$ 5 millones al presidente para obtener favores políticos. Los mismos testimonios relatan el pago de US$ 80 millones a Rousseff y a su mentor, el también expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Los hermanos han reconocido ante los fiscales que en los últimos años pagaron cerca de US$ 185 millones en sobornos a unos 1.900 políticos.
Carne y fondos de pensiones
Joesley Batista renunció a la presidencia del directorio aunque su hermano mantendrá el cargo de director ejecutivo, y como parte del acuerdo, ambos quedarán en libertad.
El pacto con la fiscalía cubre al menos cinco casos de corrupción, incluyendo el pago de sobornos a inspectores del gobierno para que autorizaran la exportación de carne en mal estado, un caso conocido como “carne débil”.
También cubre un escándalo que involucra a los fondos de pensiones y bancos de desarrollo, que habrían invertido o aprobado créditos para la compañía a cambio de pagos ilegales. Los fondos de pensiones, que ahora también están bajo investigación, registraron millonarias pérdidas por estas operaciones, y según los fiscales, en el 80% de los casos estas fueron provocadas por conductas fraudulentas. Dos de los fondos de hecho están entre los principales accionistas de J&F.
Paradójicamente, del total del acuerdo reparatorio, US$ 2.450 millones serán para los fondos de pensiones y bancos de desarrollo, mientras que US$ 700 millones se destinarán a proyectos sociales.
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