La Comisión Europea acusa a Apple e Irlanda de pactar un sistema tributario a la medida que supone un trato de favor selectivo para el fabricante del iPhone y el iPad. Esto habría permitido al gigante tecnológico estadounidense rebajar sustancialmente la factura fiscal de sus filiales irlandesas, a través de las que gestiona sus operaciones europeas.
Según la decisión publicada hoy, el Ejecutivo comunitario adopta la "visión preliminar" de que ha existido ayuda de Estado ilegal. Irlanda y Apple tendrán la oportunidad de hacer alegaciones, pero de confirmarse la acusación de Bruselas, la compañía podría tener que devolver miles de millones de euros en impuestos no abonados. Los pactos se remontan a 1991, pero toda mala praxis previa a 2003 habría prescrito
Según la interpretación de Bruselas, "las autoridades irlandesas confieren una ventaja a Apple" de "forma selectiva". "La visión preliminar de la Comisión es que la decisión fiscal de 1990 (acordada efectivamente en 1991) y la de 2007 a favor del grupo Apple constituyen ayuda de Estado", asegura el documento publicado hoy por el Ejecutivo europeo y firmado por Joaquín Almunia, comisario de Competencia. Además, la Comisión recuerda "que toda ayuda ilegal podría ser recuperada de su beneficiario".
En las veintiuna páginas en las que se razona la decisión, Bruselas muestra sus sospechas de que los pactos fiscales entre Apple e Irlanda se correspondían más a decisiones arbitrarias que a la evolución real de los negocios de dos de las filiales irlandesas del grupo: Apple Sales International (ASI) y Apple Operations Europe (AOE).
Tanto en 1991 como en 2007, ambas partes acordaron un sistema de cálculo del beneficio para estas unidades que estaba ligado a los costes operativos de Apple, pero excluyendo partidas clave. De este modo, los ingresos conjuntos a efectos fiscales de ASI y AOE en 2012 fue de entre 460 millones y 520 millones de euros, por los que Apple pagó entre 50 millones y 70 millones de euros en impuestos.
Y estos acuerdo son lo que Bruselas está cuestionando. El documento publicado hoy apunta que "la base imponible de los acuerdos de 1991 fue fruto de una negociación en lugar de basarse en referencias a transacciones comparables". Además, la Comisión afirma que estos pactos fiscales "no cumplen con los principios de plena competencia". Es decir, que una empresa independiente habría exigido unos beneficios mayores de los que se atribuyeron las filiales de Apple por hacer la misma labor. Esto significaría que tanto ASI como AOE han declarado menos beneficios de lo que deberían y, en consecuencia, habrían pagado menos impuestos.
Además, la Comisión asegura que "la asignación de beneficios de la filial irlandesa de Apple Sales International, acordada en el pacto de 2007, no tiene en cuenta la evolución de las ventas". Y cita los ingresos por ventas de Apple Sales International. Estos se incrementaron un 451% en tres años 2009-2012 hasta 63.900 millones de dólares [50.400 millones de euros al cambio actual]. Sin embargo, los costes operativos de la filial irlandesa, que supone la mayor parte de la capacidad operativa de ASI, solo se incrementaron entre un 10% y un 20%. "La discrepancia entre el crecimiento de las ventas y el de la capacidad operativa irlandesa no puede ser explicada", afirma el documento.
El Ejecutivo comunitario también pone objeciones a la duración de esos acuerdos fiscales. El primero se extendió durante 16 años y el segundo ya lleva 8, cuando en otros países de la UE la práctica habitual es que estos tengan una validez de entre 3 y 5 años.
Respuesta de Irlanda
Por su parte, el Gobierno irlandés negó ayer cualquier tipo de mala praxis. "Irlanda confía en que no existe ninguna vulneración de las normas sobre ayudas estatales en este caso y ya ha enviado una respuesta a la Comisión a principios de este mes, abordando en detalle las inquietudes y algunos malentendidos de la decisión de apertura", dijo ayer el ministerio de Finanzas irlandés en un comunicado.
"Irlanda celebra esta oportunidad para clarificar asuntos importantes sobre la ley fiscal aplicable en este caso y para explicar que la empresa afectada no ha recibido un tratamiento selectivo y que se le gravó totalmente de acuerdo con la ley", apuntó.
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