Continúa la controversia en torno al rescate de Banco Popular, la entidad que fue rescatada por el grupo Santander, BCE mediante, y que significó la pérdida de la inversión de un centenera de accionistas, entre ellos el chileno Andrónico Luksic.
Según informa Expansión, los 7.000 millones de euros que contempla el aumento de capital que hará Santander en Popular considera también hacer frente a la avalancha de demandas que preparan los accionistas de la institución
Parte de este frente tendrá lugar en suelo americano, donde varios despachos especializados en demandas colectivas (conocidas como class action) llevan semanas dando forma a su ofensiva judicial, iniciada antes del colapso irremediable del banco.
"La adquisición de Popular debería ser irrelevante para las class actions. Banco Santander, simplemente, heredaría las reclamaciones formuladas frente a Popular y pasaría a ser el nuevo demandado de los casos", explica un abogado americano experto en este tipo de querellas.
Cabe recordar que el grupo Luksic había invertido unos US$ 100 millones en Popular y, tras el rescate del banco, tanto él como otros perdieron toda su inversión. El empresario chileno adelantó ayer que habrán novedades en este tema.
Aumento de capital
Los bufetes Pomerantz, Rosen Law Firm, Khang & Khang y Bronstein, Gewirtz & Grossman iniciaron la búsqueda de accionistas damnificados desde que una auditoría reveló en abril la carencia de provisiones en las cuentas de Popular por valor de 600 millones de euros y el posterior desplome de la acción de la entidad.
En el foco de las demandas ya estaba la ampliación de capital de junio del año pasado y la presentación de la auditoría. Los despachos de abogados ya consideraban en abril que Popular podría haber violado alguna de las normas de la SEC (el regulador de los mercados americanos) e iniciaron la búsqueda de potenciales demandantes.
En marcha
Aunque aún no se ha hecho oficial ninguna de las reclamaciones, los últimos acontecimientos que han dejado a cero el valor de Popular añaden más base a las posibles class actions y fuentes cercanas a los despachos afirman que podría haber novedades en los próximos días. Por su parte, en el despacho Rosen Law Firm, la segunda mayor firma del país por número de demandas colectivas resueltas y con sede en Nueva York, barajan el 31 de julio como fecha máxima para registrar la class action.
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