Un juez de California otorgó una orden judicial preliminar este lunes que requiere que Uber y Lyft dejen de clasificar a sus conductores como contratistas independientes, en espera de nuevas acciones por parte del tribunal.
La orden entrará en vigor después de 10 días, ya que las empresas solicitaron una breve suspensión durante el proceso de revisión de apelación.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, solicitó la orden judicial como parte de una demanda que presentó en mayo junto con los abogados de la ciudad de San Francisco, Los Ángeles y San Diego. La demanda, presentada en el Tribunal Superior de San Francisco, alega que Uber y Lyft violaron la nueva ley del estado conocida como Proyecto de Ley 5 de la Asamblea (AB5), que se creó como una forma de clasificar a los trabajadores de aplicaciones como empleados completos y garantizar los beneficios de sus empleadores.
Uber y Lyft formaban parte de un grupo de empresas tecnológicas que se habían opuesto al proyecto de ley, argumentando que sus trabajadores disfrutan de la flexibilidad de crear sus propios horarios como contratistas.
Los funcionarios de California solicitaron una orden judicial sobre la supuesta clasificación errónea y la restitución para los trabajadores, así como sanciones civiles por valor de hasta cientos de millones de dólares.
El director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, abogó por una "tercera forma" de clasificar a los trabajadores en una carta al presidente Donald Trump en marzo, mientras se negociaba la primera ronda de medidas de alivio por el coronavirus. Argumentó que debería haber una forma para que los trabajadores obtengan protecciones sin sacrificar la flexibilidad del trabajo por contrato.
El fallo no pone fin a las batallas legales de Uber y Lyft. La semana pasada, el Comisionado Laboral de California anunció demandas contra las empresas que alegaban robo de salarios debido a una clasificación errónea. La comisión busca recuperar los salarios que cree que se les adeudaban a los conductores actualmente clasificados como contratistas. Las demandas fueron presentadas en la Corte Superior del Condado de Alameda.
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