Mañana no solo se decide el futuro político de EEUU para los próximos cuatro años, con las elecciones presidenciales, sino que también tendrá lugar una batalla que puede influir la salud de la nación por mucho más tiempo. Cuatro ciudades del país votarán un impuesto a las bebidas azucaradas, en medio del debate entre la industria y las organizaciones de salud.
El impuesto conocido como “penny-per-ounce”, o US$ 0,01 por cada 28,3 gramos de bebida, impone un pago extra a las bebidas azucaradas, saborizadas y energéticas, excluyendo productos lecheros, jugos naturales y bebidas diéticas.
El impuesto ya se aplica en la pequeña ciudad de Berkeley, y desde marzo de 2015 cuando fue implementado, mostró resultados impresionantes: el consumo de bebidas azucaradas bajó 21% y el de gaseosas en 26%. En enero del próximo año un impuesto de 1,5 centavos por onza comenzará a regir en Philadelphia.
Mañana, la ley puede ser aprobada en San Francisco, Oakland y Albany (California) y Boulder (Colorado). A medida que se acerca la votación –que pone en juego las ganancias de una industria de US$ 73.000 millones–, las batallas entre las empresas y organizaciones de salud están siendo cada vez más feroces. La American Beverage Association (ABA) cuestiona los resultados vistos en Berkeley, ya que fueron obtenidos a través de encuestas que considera poco confiables.
En la organización afirman además que la campaña pro impuestos –que fue financiada por el ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y los multimillonarios del sector de la energía, Laura y John Arnold, con US$ 18 millones–, corresponde a una “maniobra política de grupos de interés externos”, mientras que la industria “está comprometida a ofrecer soluciones reales”. “Las empresas de bebidas fijaron una meta para reducir las calorías consumidas a través de nuestros productos en 20% para 2025”, señaló anteriormente William Dermody, vice presidente de políticas de ABA.
La Healthy Food America, en cambio, asegura que casi la mitad del azúcar consumida –el 46%–, proviene de las bebidas azucaradas, y su consumo regular está directamente vinculado con un riesgo mucho más elevado de diabetes y enfermedades cardíacas. “El hecho de que esa conexión existe es un argumento tan sólido como una roca”, dice David Goldberg, vicepresidente de comunicaciones de la entidad.
Efectos esperados
Un estudio de la Escuela de T.H. Chan de Salud Pública de Harvard, pronostica que en unos años la incidencia de diabetes bajará 4% en las ciudades de California y 10% en Boulder, donde el impuesto será el doble (2 centavos por onza). El gasto en salud de estas regiones, además, disminuirá en US$ 54,9 millones y
US$ 6,4 millones, respectivamente, en los siguientes diez años. Y a eso hay que agregar el aumento en la recaudación, que ayudará a financiar programas asociados.
Las cifras están en línea con las de la reforma mexicana. Las autoridades de ese país implementaron en 2014 un impuesto de 10% a las bebidas azucaradas y lanzaron una campaña informando que cada botella de 0,6 litros de Coca-Cola contiene doce cucharitas de azúcar y que presentaba a una persona que perdió parte de sus pies por causa de la diabetes. En un año desde su implementación el consumo de soda bajó 12%.
Etiquetas reveladoras
Otra medida que afectará a la industria, ya a nivel nacional, son las nuevas regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos, que obligan a colocar en las etiquetas qué porcentaje de la porción recomendada diaria de azúcar contiene cada bebida.
Mientras tanto, las empresas del sector están lejos de sus mejores tiempos: en octubre Coca-Cola informó que sus ingresos cayeron 7% en el tercer trimestre. La empresa está ampliando su presencia hacia el sector de tés, cafés y jugos, sin embargo, las bebidas gaseosas “en riesgo” siguen siendo aproximadamente 70% de sus ventas.
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