Cada vez son más las iniciativas que piden mayores restricciones y fiscalización a la industria de la minería. Problemas de infraestructura y transporte, conflictividad social, interrupción del servicio de agua potable y contaminación son algunos de los reclamos que comunidades y organizaciones defensoras del medio ambiente levantan para oponerse a los proyectos de las grandes mineras.
Pero el sector afronta una nueva amenaza, a medida que comienza a instalarse en algunos sectores políticos ya no solo la idea de endurecer la normativa, sino derechamente de pasar a considerar la industria como una actividad ilegal.
Filipinas y China han decretado el cierre de numerosas minas y en El Salvador, una nación que tiene un enorme pero inexplotado potencial minero, está debatiendo un proyecto que podría proscribir por completo esta actividad.
Indonesia, Malasia y Tanzania prohibieron las exportaciones de concentrado, pero en este caso el objetivo es distinto, ya que pretenden obligar a las mineras a procesar el material dentro del país.
Cierre de minas
Filipinas ordenó en febrero el cierre de 23 de sus 41 minas, en su mayoría productoras de níquel, que suman cerca de la mitad de la extracción del mayor proveedor mundial del mineral.
La decisión fue tomada tras una auditoría a cada uno de los yacimientos en que se evidenció que la tala de árboles en el proceso de explotación contaminó ríos cercanos y afectó el suministro de agua potable.
Manila suspendió además las operaciones de otras cinco minas, incluido el principal yacimiento de oro, operado por Oceanagold.
La decisión, que tendría un enorme impacto económico porque afecta al empleo de más de un millón de trabajadores, ha desatado una fuerte reacción, pero el autoritario gobierno de Rodrigo Duterte no da señales de echar pie atrás.
Recorte de capacidad
China también emprendió el camino para clausurar sus minas de carbón. El gobierno sigue con sus anunciados planes de recortar 150 millones de toneladas de capacidad minera este año, aunque prefirió dejar la decisión en manos de los gobiernos locales para que sean ellos los que decidan cuándo y en qué plazos realizarán los ajustes.
Hace dos semanas, la región autónoma de Xinjiang Uygur anunció que clausurará 117 pequeños yacimientos este año, recortando 11,9 millones de toneladas métricas de capacidad de producción de carbón, y recordó que en 2016 hizo lo mismo con 17 depósitos, reduciendo 2,4 millones de toneladas de capacidad.
Acciones legales
En El Salvador el congreso está impulsando un proyecto de ley que pretende frenar el desarrollo de nuevos proyectos mineros.
El país cuenta con significativos depósitos de oro y plata, además de cobre, plomo y zinc. Tras el fin de la guerra civil en los ‘90, había grandes esperanzas de desarrollar el sector, pero hasta ahora no se han cumplido, y su aporte al PIB se mantiene por debajo del 1%. Ahora, los defensores del medio ambiente junto a la Iglesia Católica han lanzado una campaña que está encontrando eco entre los legisladores.
Según cifras de la ONU, el país es el segundo con mayor grado de deterioro ambiental en América, después de Haití, con solo 3% de bosque natural intacto, suelos arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y más del 90% de las aguas superficiales contaminadas.
Según un sondeo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 77% de la población de los municipios amenazados exige al Ejecutivo tomar medidas inmediatas para prohibirla.
Otras acciones
Aunque no han sido declaradas ilegales, las empresas mineras en Indonesia, Malasia y Tanzania han encontrado dificultades luego de que las autoridades locales les prohibieran exportar el concentrado de mineral que extraen, obligándolas a refinar el material dentro de sus fronteras.
La decisión ya afectó a la estadounidense Freeport-McMoRan, que se prepara para demandar a Yakarta si ambas partes no logran resolver la disputa sobre cambios en el contrato.
En Tanzania, las mineras reclaman que el país no cuenta con capacidad de infraestructura para realizar esta tarea, y que demoraría alrededor de cinco años construir las fundiciones necesarias para esta tarea.
Aparte de eso, las empresas advierten que la nueva industria de refinado sería menos eficiente que sus rivales extranjeras, particularmente las chinas, que predominan en el mercado, lo que impediría los planes del gobierno.
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