De Bogotá a Nueva Delhi, pasando por Sao Paulo, Ciudad de México o París. No hay ciudad donde Uber haya decidido instalarse en que los taxistas locales no hayan salido a la calle para demandar acción estatal en lo que consideran competencia desleal para su negocio.
En la última semana, los taxistas colombianos colapsaron Bogotá durante tres jornadas de protesta contra la inacción del gobierno que se saldaron con 16 conductores detenidos y cuatro policías heridos. En Reino Unido, la autoridad que regula el transporte en Londres fijó requerimientos más estrictos para los conductores de compañías como Uber, como exigencias de idioma y una mejor identificación del conductor hacia los clientes, pero también normativa más estricta en cuanto a seguros y tarifas.
Lo mismo ha ocurrido en España, donde el gobierno modificó la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres limitando la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC), como Uber o Cabify.
Sin embargo, el regulador local de la competencia salió al paso de la autoridad. Según la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), el real decreto “impide que los taxis y los VTC compitan entre sí”. Esta restricción a la competencia perjudica al consumidor que, según la CNMV, no puede “beneficiarse de una mayor disponibilidad de vehículos, un menor tiempo de espera, y una mayor competencia en precios, calidad e innovación”.
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La CNMV envió el requerimiento al ejecutivo en enero. El siguiente paso tras esta acción es un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo, acción que hasta el moemento no ha tenido lugar ya que todavía no se ha formado gobierno tras las elecciones generales de diciembre. El ministerio en funciones no puede modificar una norma ya aprobada. Sin embargo, fuentes cercanas al regulador señalan que, un 90% de posibilidades de que se presente el recurso contencioso administrativo, recogió Expansión.
Entre los principales obstáculos a la competencia que observa la CNMC está el número de licencias VTC (una por cada 30 taxis), al considerar que es una barrera de entrada a la actividad “injustificada e innecesaria”.
Aunque la medida de la CNMC es un espaldarazo para Uber, los expertos advierten que la regulación de transporte urbano es una competencia regional, no estatal, y hay un precedente que bloquearía la acción del organismo.
Uber llegó a España en septiembre de 2014. La dura oposición del gremio taxista, y una sentencia que ordenaba el cese de actividad, hizo que la empresa se retirara del país en menos de tres meses. Pero planea antes de que acabe el primer trimestre con UberX, un servicio de choferes con licencia que cumpliría con la legislación vigente.
La californiana opera actualmente en más de 390 ciudades en 56 países y está valorada en más de US$ 62 mil millones.
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