La disputa entre Cencosud y el gobierno argentino por la propiedad de un terreno de más de 20 hectáreas en la zona de San Isidro, en Buenos Aires, podría terminar en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Así lo anunció la compañía liderada por Horst Paulmann en medio del juicio que enfrenta a las partes.
El mentado terreno fue adquirido por Cencosud tras una licitación del gobierno trasandino en 1996: pagó US$ 22 millones, más US$ 4 millones para sanear la zona pues allí operó una firma estatal dedicada a la gestión de aguas servidas. En el paño, el retailer busca levantar un proyecto ícono, que incluye un centro comercial, tres torres de 14 pisos y seis condominios habitacionales de cuatro pisos cada uno. Todo con una inversión superior a los US$ 600 millones.
No obstante, en octubre de 2016 la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de Argentina -organismo símil al Ministerio de Bienes Nacionales- presentó una demanda en contra del grupo chileno con el objetivo de que el terreno vuelva a manos del Estado.
Según el organismo argentino, Cencosud habría incumplido una “condición esencial” del contrato, respecto de los plazos en que el inmueble debía ser dedicado a un proyecto urbanístico. Según la demanda, la revocación no requeriría un acto jurídico o administrativo que así lo declare, correspondiendo la escrituración y reinscripción del inmueble a nombre del Estado Nacional de Argentina.
Hasta ahora, la posición de Cencosud apuntaba a que ha cumplido las exigencias contractuales, al destinar el proyecto “al desarrollo del plan urbanístico ofertado, de acuerdo con la normativa municipal vigente”. Junto a esto, asegura que la acción de la AABE está prescrita.
No obstante, según un documento presentado por la compañía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Federal del país trasandino, Cencosud apuntó a que, de concretarse la posición asumida por la AABE importaría una “clara y gravosa” afectación al derecho de propiedad.
“Creemos relevante recordar que los accionistas de Cencosud se encuentran amparados por las previsiones del tratado aprobado por la Ley 24.342, por lo que la privación arbitraria de sus derechos habilitará la jurisdicción arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)”, dijo la defensa de Cencosud a la justicia argentina.
“Escándalo jurídico”
Según la empresa, desde 1999 se ha visto constantemente “privada por parte de la administración –provincial y municipal-, de avanzar con el proyecto pactado”. Incluso recordó que en 2008 se celebró un acuerdo conciliatorio con dichas partes, con el que habrían puesto fin a sus diferencias.
No obstante, en su presentación a la justicia argentina, Cencosud dijo que, más allá de las consideraciones jurídicas respecto a la petición de devolución del terreno, una reflexión se impone desde la ética.
“Si el Estado (argentino) es, como lo sostuvo alguna vez la Procuración del Tesoro, una persona ética por excelencia, que debe actuar no sólo dentro del orden jurídico sino también en consideración a la equidad y a los principios que la informan, es inaceptable la conducta que despliega en este proceso”, dijo la empresa.
Y añadió: “Luego de haber vendido y cobrado el precio de un inmueble hace más de dos décadas, pretende recuperarlo, sin expropiarlo, comprarlo ni pagar un centavo por el mismo (…). Ese proceder puede ser calificado de muchas maneras, pero de ningún modo puede decirse que sea la conducta ética que se espera –y que es exigible- de la administración”.
Con todo, la firma señaló que de concretarse la solicitud de la AABE sería un “escándalo jurídico que implicaría un cambio de conducta” por parte del Estado argentino.
Frente a esto, la empresa anunció que, en caso de obtener un fallo desfavorable, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de Argentina por vía de un recurso extraordinario federal, ya que –se insistió- se afectaría derechos y garantías reconocidos en la Constitución de ese país.
En respuesta, la Agencia de Administración de Bienes del Estado de Argentina solicitó a la justicia que pida al CIADI abstenerse de abrir un proceso en caso que sea solicitado por la empresa o alguno de sus accionistas.
“Cencosud ha contestado la demanda sin oponer excepción alguna de incompetencia, se ha consentido la competencia de este tribunal y por ello debe interpretarse que la elección de este foro es definitiva”, dijo el organismo transandino. “La posibilidad de que exista un escándalo jurídico en relación a los hechos aquí controvertidos, no es una mera ilusión, sino que se trata de un efectivo riesgo”, se añadió.
Consultada la empresa, no se refirieron a la disputa.
Empresa ligada a Horst Paulmann se adjudicó el terreno en 1996.
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