Un nuevo capítulo está sumando el litigio que enfrenta a Cencosud con el Estado argentino, y que ha mantenido entrampado su proyecto más ambicioso en ese país: un complejo por US$ 600 millones en San Isidro, Buenos Aires, que contempla un centro comercial, tres torres de 14 pisos y seis condominios habitacionales.
En medio de la demanda de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) -símil al Ministerio de Bienes Nacionales-, donde pide se devuelva el paño en el que se desarrollaría la iniciativa, por incumplir plazos para ejecutarlo, la justicia argentina bloqueó la “carta bajo la manga” que tenía la empresa.
Esto, porque en un escrito conocido hace unas semanas, Cencosud había hecho ver que los derechos de sus accionistas se encuentran amparados en tratados internacionales, “por lo que la privación arbitraria de sus derechos habilitará la jurisdicción arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)”.
Esto encendió las alertas en el organismo gubernamental, el que acudió de inmediato al juez federal que lleva el caso, Patricio Maraniello. Ir a esta instancia internacional, esc “un riesgo efectivo”, hizo ver el AABE.
Así, Maraniello resolvió: “Atento a que existe la posibilidad cierta que la demanda pudiera promover una acción ante el Ciadi, alterando la competencia firme de este tribunal, es que considero que el pedido formulado por la actora resulta procedente”.
Esto, aludiendo a la solicitud de una “medida cautelar de prohibición de innovar”, aplicada con el objetivo de que “la demandada no inicie actuación alguna ante el Ciadi, dado que las cuestiones de competencia articuladas en autos ha quedado firme siendo este Tribunal Federal el único habilitado para dirimir dichos conflictos”.
Consultada al respecto a la empresa, prefirió no referirse al conflicto y sus pasos a seguir.
De todos modos, aún hay dudas respecto de si un juez puede negar el acceso al organismo internacional.
Más de dos años en disputa
Camino a cumplir tres años el caso, la AABE se ha negado a bajar los brazos en el conflicto, e incluso solicitó recientemente una reunión con el juez Maraniello para que sus representantes, Ramón María Lanús y Pedro Comín Villanueva, pongan personalmente sobre la mesa los puntos de sus argumentos para quitar el paño a Cencosud.
Ello, luego de que el Estado Argentino le otorgara al caso el “carácter de relevancia institucional para el Estado Nacional Argentino en general, y (también) para la AABE”.
En el marco del proceso, Cencosud ha dicho verse impedida de concretar el proyecto, “principalmente por el dictado de normas provinciales y municipales contradictorias” para realizar un proyecto urbanístico en el paño, y cumplir así los plazos establecidos en el contrato.
Incluso, recordó que en 2008 se celebró un acuerdo conciliatorio con dichas partes, con el que habrían puesto fin a sus diferencias.
En sus argumentos, incluso apeló a la ética del Estado Argentino: “Si el Estado es, como lo sostuvo alguna vez la Procuración del Tesoro, una persona ética por excelencia, que debe actuar no sólo dentro del orden jurídico sino también en consideración a la equidad y a los principios que la informan, es inaceptable la conducta que despliega en este proceso”.
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