El mecanismo de liberación de garantías -que permite a las isapres pagar un conjunto de obligaciones con cargo a estas provisiones-, está teniendo un uso récord este año.
La utilización de esta modalidad por parte de las aseguradoras totalizó $ 446 mil millones en el periodo enero-mayo de este año, de acuerdo al registro de la Superintendencia de Salud. Y pese a representar solo los primeros cinco meses del presente ejercicio, la cifra equivale al 70% de las liberaciones de garantías realizadas por las isapres en todo 2022, que ascendieron a $ 635 mil millones, año que, a su vez, marcó un punto máximo de estas operaciones comparado con los $ 89 mil millones de 2021. Esto, luego de la reforma a la normativa en septiembre de ese año.
La creciente incidencia de este mecanismo ya se había evidenciado en el primer trimestre alcanzando un monto de $ 313 mil millones, fundamentalmente por causa de la actividad en enero pasado, el mes más activo para la industria en materia de cumplimiento de pagos, especialmente por la devolución anual de excedentes de cotización a los afiliados. Además de ese ítem, las isapres también están autorizadas para cargar a la garantía un conjunto de pagos como los reembolsos y las licencias médicas, además de obligaciones atrasadas con los prestadores de salud, entre las principales razones.
“Los montos han ido creciendo en el tiempo y este mecanismo, que si bien es legal, permite ocultar situaciones financieras que existen”
David Debrott, Economista y académico de la universidad de Santiago.
Ante estos requerimientos, la Superintendencia de Salud autoriza la liberación de garantía contra los respectivos comprobantes de transferencias y especificaciones sobre los montos y destinatarios de los pagos. Posteriormente, la isapre debe reponer estos recursos para así reestablecer el equilibrio de la garantía y dar cumplimiento de los ratios que exige la industria.
Y mientras actores de la industria destacan que este procedimiento cuenta con los resguardos necesarios, expertos advierten que su uso más intensivo obedece a que estaría siendo usado para compensar la crisis del sistema asegurador privado luego de más de dos años de pérdidas y fallos judiciales adversos.
“Respirador artificial”
La escalada en liberaciones de garantías fue tratada este martes en una sesión de análisis del proyecto de ley de corta de las isapres en la Comisión de Salud del Senado.
En la oportunidad, el economista David Debrott afirmó que los $ 313 mil millones a marzo demuestran que “esos montos han ido creciendo en el tiempo ya que representan la mitad de todo el año pasado” y aseveró que “este mecanismo, si bien es legal, permite ocultar situaciones financieras que existen, por cuando desde un punto de vista formal no se evidencian como procesos de insolvencia”, aludiendo al cumplimiento de los estándares legales de garantía, patrimonio y liquidez.
Debrott agregó que mientras las isapres “en este momento están quebradas desde un punto de vista técnico, pero no lo están formalmente por una serie de mecanismos legales, y cuentan con un respirador artificial. Esto desnaturaliza el marco regulatorio, porque esa situación debiese haber llevado a abrir el régimen especial de supervigilancia y control de los flujos financieros de las isapres que están en esa situación”.
Al respecto, un ejecutivo de la industria que pidió reserva, defendió la gestión de este mecanismo: “está completamente normada y controlada de cerca por el regulador con un cumplimiento por parte de las isapres apegado totalmente a la normativa vigente de la Superintendencia, que permite pagar prestadores con cargos a la garantía, que es repuesta de inmediato”.
Desde un análisis general del sector ante la comisión del Senado, el Superintendente de Salud, Víctor Torres, indicó que las presiones financieras sobre la industria se están aminorando: “a pesar de las dificultades tras el fallo de la Corte Suprema respecto de la adecuación del precio base, las pérdidas se han ido ralentizando, y en el primer trimestre de este año han sido menores y con números favorables en algunos de los últimos meses”. No obstante, indicó que la entidad está atenta a “los problemas para poder conseguir las garantías en las negociaciones con las instituciones bancarias, y en que la magnitud de este pasivo en una isapre, o en más de alguna, genere un problema con efecto dominó sobre los prestadores privados; eso es lo que hemos tratado de resguardar”.
“Mecanismo busca fines específicos y no mantener operación ni salvar isapres”
“Recordemos que vivimos un escenario bastante complejo con el estallido social y la pandemia. Cuando recibí la Superintendencia, las garantías de la isapres no sobrepasaban los $ 250 mil millones, y las subimos casi al doble”, señala el ex superintendente de Salud Patricio Fernández sobre las decisiones que el regulador adoptó sobre este factor en 2021: “Si una isapre pide una liberación de garantía, obviamente el regulador debe revisar de arriba a abajo sus números y para eso conformamos un comité de riesgo financiero”.
-¿Cuáles son los objetivos de este mecanismo?
-La liberación de garantías busca fines específicos, tiene esa justificación, y no mantener la operación ni salvar a la isapre. La razón de por qué han venido siendo más altas es porque, además de los excedentes habituales hay que sumar las devoluciones extraordinarias que impuso la Corte Suprema en relación a las diferencias cobradas en el alza de precio base anterior.
-¿Es posible usar este mecanismo con fines financieros?
-Puede que exista alguna isapre que lo esté manteniendo como una suerte de fórmula para tener acceso a una mayor liquidez todos los meses. Eso sería un error. La liberación de garantía siempre tiene que ser excepcional, no algo permanente.
-¿Qué prevenciones debe tomar la Superintendencia de Salud?
- De ninguna manera sería adecuado que las liberaciones de garantías se mantuvieran en forma constante. De todas maneras esto no está exento de riesgo, pero hay dos elementos que contribuyen a enfrentarlo: hicimos cambios regulatorios que implicaron un aumento de la garantía y que, efectivamente, la garantía se repone después en los meses siguientes.
Ahora, si ocurriera una situación excepcional, una crisis que no haya podido preverse claramente o un fraude, para eso la Superintendencia tiene elementos que le permiten tener conocimiento de cómo está la situación de cada isapre. Es decir, ningún superintendente en forma responsable va a autorizar devoluciones de garantía si sabe, por ejemplo, que determinada isapre hoy está teniendo deudas muy por sobre sus ingresos y que no haya tenido ninguna noticia de sus controladores en relación a aumentar el capital, eso sería demasiado arriesgado. Entonces, no sería lógico que autorice una liberación de garantías solamente con la intención de mantener su operación.
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