Un total de 22 empresas proveedoras de productos para el sector de la salud interpusieron una demanda en contra de ChileCompra ante el Tribunal de Contratación Pública (TCP), acciones que tienen en común su reclamo contra un conjunto de disposiciones aplicadas en las nuevas bases de licitación del proceso para la adquisición de los insumos y dispositivos médicos para la red pública correspondiente al próximo período comprendido entre 2022 y 2024.
Los proveedores impugnaron el proceso luego que ChileCompra aprobara el 16 de agosto pasado las condiciones del concurso “Convenio Marco para la adquisición de Insumos y Dispositivos Médicos” que entrará en vigor en marzo y que sucederá al ciclo actual que representó ventas por un total en torno a US$ 1.213 millones en un lapso de seis años (2016-2021).
Este grupo de firmas –21 de las cuales son patrocinadas por el abogado Roberto Zúñiga- afirman que un conjunto relevante de los nuevos requisitos derivarían en actos y omisiones arbitrarias e ilegales que “implican barreras de entrada injustificadas que limitarían la participación”.
Entre los puntos centrales, reclaman la aplicación de descripciones de productos que solo cumplen algunos proveedores; que exige certificados de destinación aduanera -condición imposible de cumplir para productos nacionales-, y el establecimiento de una banda de precios imposible posible de cumplir en todos los casos, entre otros.
“Con este llamado a licitación quedan automáticamente fuera de Convenio Marco un montón de empresas y quedarán solo algunas. Eso implica una mayor concentración y menos competencia, ya que no ayuda a mejores precios. Es una pésima gestión del gobierno”, afirma un ejecutivo de una de las empresas involucradas.
Claves de la impugnación
Si bien dependen de cada caso particular, las 22 impugnaciones presentadas el 27 de agosto pasado por igual número de empresas –que representan del orden del 25% de los proveedores de insumos y dispositivos médicos para la red pública- denuncian acciones y omisiones que consideran “arbitrarias e ilegales”.
Entre las principales, el socio del estudio Roberto Zúñiga & Cía, señala que existen descripciones de productos que “solo cumplen algunos proveedores, lo que impide que aquellos que no cumplen con dichas especificaciones participen de este proceso”, lo que a su juicio constituye una barrera de entrada.
Un segundo punto central en esta argumentación es que la próxima licitación limita la posibilidad de participar solo a aquellas empresas que tengan sus marcas registradas. “Todos los impugnantes son proveedores que cuentan con las autorizaciones legales y sanitarias para comercializar dispositivos médicos, pero muchos no podrán hacerlo en este proceso, porque de manera inexplicable, se solicitó por ChileCompra que además tengan registradas las marcas comerciales de sus productos ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, lo que no tiene relevancia legal o sanitaria, ni ofrece mejores garantías”, subraya Zúñiga.
Otra línea de reparos se refiere a la exigencia de certificados de destinación aduanera, condición que las firmas que impugnan el proceso ven “imposible de cumplir para productos nacionales, por cuanto este antecedente procede sólo respecto de los importados siempre que no tengan registro sanitario en el país”.
Los cuestionamientos a las bases también apuntan a nuevos requisitos como el establecimiento de una banda de precios -“que no es posible de cumplir para todos los casos y respecto de la cual no existen fundamentos ni metodología que permitan justificarla”-, la aplicación de multas que califica de “abusivas y expropiatorias” (cada día de atraso se sancionará con un 3% diario del valor total de los productos por hasta por 21 días), ni se tomaron en consideración causales de fuerza mayor.
Además, reclaman que las bases no contemplan la reajustabilidad del flete o despacho ante las variaciones propias del mercado “lo que es más grave en atención a que el costo del flete nacional e internacional ha aumentado en 300% en el último año”.
Junto con observar el proceso con la máxima atención, la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS) advierte que los cambios de criterio tienen lugar en un contexto general que el rubro ve con alarma. “Nos preocupa esta situación que se está produciendo en la industria, principalmente porque hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, para modernizar la Ley de Compras Públicas, que -de aprobarse como está- mantiene ciertas limitantes irregulares que atentan contra una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas”, señala el director ejecutivo del gremio Eduardo del Solar.
En relación a los temas que la asociación ve necesario modificar, el directivo explicó que "creemos fundamental que se elimine temas como la exigencia de boletas de garantía por seriedad de la oferta; que las de fiel cumplimiento sean de 3 a 5 % como máximo, dependiendo del tamaño de la empresa; que se eviten las altas concentraciones de productos en las licitaciones y que se prohíba a las empresas del Estado —que incumplen los términos de pago—, cursar multas y sanciones a proveedores por atraso o demoras en las entregas".
A lo anterior agregó la importancia de eliminar la disposición relativa a las bandas de precios. "Ésta fija precios irreales a la realidad del país y establece que la dispersión de precios, entre el mayor y el menor no puede ser mayor a 25%. Cuando no existen exigencias de calidad, ni de ventajas para el usuario / paciente, es muy probable que esta dispersión se pueda dar", indicó.
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