Con un extenso listado de deudores fue que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) se encontró en materia de concesiones de espectro radioeléctrico.
Tras una autodenuncia ante la Contraloría General de la República, la autoridad inició en 2025 un proceso para identificar con nombre y apellido a las personas y empresas que tenían saldos impagos con el Estado. ¿El total encontrado? 2.091 RUT, los que –al 30 de junio de 2026– adeudan un monto total de UTM 102.529, es decir, unos $ 7.346 millones.
Según información entregada por la autoridad, la mayor parte de este saldo pendiente se concentra en las categorías de Servicios Públicos ($ 4.122 millones), Radiodifusión Televisiva ($ 1.876 millones) y Servicios Limitados ($ 1.027 millones).
Consultada por DF, la subsecretaria Romina Garrido aseguró que están desplegando todas las acciones administrativas para asegurar la restitución de dichos montos, “que le pertenecen a todos los chilenos”. El no pago de estos derechos, aseveró, “equivale, en los hechos, a una suerte de “toma digital” de un bien nacional de uso público, tal como una toma de terreno, y eso no es aceptable”.
De todas formas, matizó que a la Subtel no competen las acciones de cobranza, puesto que eso es terreno de la Tesorería General de la República (TGR), pero que están impulsando acciones coordinadas junto al ente, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio de Registro Civil e Identificación, “con el objeto de fortalecer los mecanismos de información, cobranza y recuperación de los recursos adeudados al Estado”.
¿Qué empresas están dentro del listado de los morosos? Garrido señaló que el análisis permitió identificar desde concesionarias regionales y medianas empresas de transmisión hasta grandes actores de la industria. Entre estos últimos existen casos judicializados, como con Telefónica, “con un saldo cercano a UTM 40 mil”, y Claro Chile, “con un saldo superior a las UTM 2.500”, desglosó.
Dichos incumplimientos facultan a declarar la caducidad de las concesiones, lo que –sin embargo– no opera de forma automática sino mediante un procedimiento administrativo formal con derecho a defensa.