Las inmobiliarias están analizando con pinzas sus nuevos proyectos de inversión ante el complejo escenario que vive la industria. Según varios agentes de mercado, las empresas están reduciendo al mínimo las compras de nuevos terrenos para desarrollos habitacionales. Incluso, hay compañías que han preferido desistirse de una promesa de compraventa de un paño para levantar edificios, pese a la multa que ello implica, en línea con la fuerte baja que se prevé en la inversión en construcción por la incertidumbre económica y política.
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) proyectó una desaceleración de 3% en la inversión en el sector para este 2022. Es decir, casi un punto porcentual más que la estimación realizada en enero de este año, que anticipaba una caída de 1,9%. El gremio apuntó al sostenido aumento del precio de los materiales de construcción, la alta inflación, los mayores costos y restricciones para acceder a créditos y una mayor incertidumbre.
En su último reporte sobre el sector, la agencia Feller Rate señaló que el actual escenario económico, influenciado por la contingencia político-social y la crisis sanitaria, continuará presionando a la industria inmobiliaria y de construcción.
Ante este escenario, dijo que se esperan ajustes en la oferta de viviendas y su composición, adaptándose a los niveles de demanda esperados para los próximos periodos. “Así, se prevé una mayor utilización de los bancos de terreno en propiedad de las empresas, de manera de disminuir las presiones de mayor deuda (asociada a este ítem) o necesidades de liquidez”, sostuvo la clasificadora.
A fines del año pasado, el gerente general de la inmobiliaria Norte Verde, Roberto Bascuñán, puso la alerta sobre la situación del mercado. “Nadie tiene la bola de cristal de lo que va a pasar, por eso estamos con más precaución”, fueron las palabras del ejecutivo.
Durante el cuarto trimestre de 2021 ingresaron 54 nuevos proyectos al mercado en Santiago y, de este monto, un 88% aún no han iniciado su ejecución pese a contar con terrenos disponibles para ello (venta en blanco), de acuerdo a datos de la consultora GfK. La cifra corresponde a la tercera tasa más alta desde 2013 después del máximo reportado en el cuarto trimestre del 2015.
Feller destacó que la constante alza en los precios de los materiales de construcción, asociada a una menor disponibilidad de materias primas y a un alto encarecimiento en su reposición, ha generado presiones en la actividad de la industria. “El aumento de costos puede afectar las decisiones de inversión o generar una caída en los márgenes de construcción; en tanto, la falta de materiales en el mercado impacta en el avance de los proyectos, incrementando los plazos de ejecución”, sostuvo.
La situación –coinciden en la industria- se tornó aún más compleja luego de lo vivido por la inmobiliaria Fundamenta. El pasado 4 de abril, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana -presidida por la nueva delegada presidencial, Constanza Martínez- decidió revocar los permisos aprobados hace tres años de su proyecto denominado Egaña-Comunidad Sustentable, ubicado en la comuna de Ñuñoa.
La empresa inició las obras el 27 de junio de 2019. Tras 33 meses de avances, la inmobiliaria dijo que ya ha gastado US$ 100 millones de los US$ 300 millones presupuestados, en excavaciones, fundaciones, obra gruesa e instalaciones subterráneas.
La inmobiliaria –controlada por Pablo Medina y que tiene como socio minoritario a Andrés Echeverría- anunció que presentará un recurso de reclamación para intentar revivir su proyecto.
“Esta situación inédita en nuestro país es un grave perjuicio contra la seguridad que necesita toda empresa para invertir, más todavía cuando el proyecto Egaña-Comunidad Sustentable cumplió con creces todas y cada una de las exigencias normativas”, sostuvo la empresa.
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