La oposición de Brasil retomará con fuerza esta semana el proceso de impugnación de la presidenta Dilma Rousseff, que se encuentra estancado en el Congreso, tras las multitudinarias protestas del domingo. La llegada del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva al gabinete se ve ahora como la única opción para retrasar el proceso, en un escenario que se complica cada día más para la mandataria. El socio del Partido de los Trabajadores (PT) en el gobierno, el PMDB, se dio 30 días para definir si sigue en la coalición o no.
Las opciones se están agotando para que Rousseff revierta la crisis política que golpea a Brasil, sobre todo después de que 3,4 millones de personas se reunieran en las calles de 262 ciudades del país el domingo bajo el lema “Fuera Dilma”.
Las manifestaciones, las mayores de las que se tenga registro, superaron con creces las expectativas de sus organizadores y podrían acelerar el pedido de impugnación al mandato de Rousseff.
Según sus cercanos, la jefa de estado debe “reinventarse” si quiere terminar su periodo. Por eso, justifican un potencial diálogo con la oposición, inclusive con el ex presidente Fernando Henrique Cardoso.
Hasta ahora, la última carta de Rousseff sumar a Lula al gabinete, no sólo para entregarle fuero ante la investigación por corrupción, sino también para recomponer las bases de apoyo que necesita la administración. El tema aún no está zanjado y Lula viajará a Brasilia hoy a reunirse con Dilma. Se dice que podría asumir Casa Civil, Hacienda o Relaciones Exteriores.
La última conversación entre los dos fue dramática, describió el periódico local Valor Económico. Ella reconoció que ya no sabe qué hacer, no tiene diálogo con el Congreso, los empresarios no le creen y todo lo que intenta hacer sale mal, narró el diario.
Pero la incorporación de Lula al gabinete no es una opción infalible. Hay dudas de si la medida tendrá un efecto duradero, o si ayudará incluso a evitar la destitución de Rousseff. Por otro lado, Lula ha admitido que aceptar un ministerio sería asumir su culpabilidad.
Ayer, la jueza de Sao Paulo Maria Priscilla Oliveira decidió derivar la solicitud de prisión preventiva contra el referente del PT al juez Sergio Moro, quien encabeza desde Curitiba las investigaciones por el caso Lava-Jato, el esquema de corrupción desde Petrobras. De este modo, ambas pesquisas pasan a formar parte del mismo proceso judicial.
La semana pasada, fiscales estatales de Sao Paulo pidieron una orden de arresto contra Lula tras acusarlo de lavado de dinero e identidad fraudulenta por ocultar la propiedad de un departamento frente a la playa.
Los abogados de Lula ya anunciaron que apelarán a la decisión de la jueza Oliveira. La medida también será apelada por los fiscales que encabezaron el caso en Sao Paulo.
Quiebre en el gobierno
La coalición de gobierno, por su parte, podría estar viviendo sus últimos días. En la convención que realizó el fin de semana, el PMDB no rompió con el gobierno, pero señaló que probablemente lo hará.
Se dio 30 días para evaluar su continuidad y, además, aprobó una moción que impide que miembros del partido asuman nuevos cargos en la administración federal en este período.
Por ahora se mantendrán los miembros del partido que ocupan posiciones administrativas. Pero “si el partido decide salir del gobierno, todos los cargos serán entregados. Quien no lo acate será expulsado del partido”, dijo Moreira Franco, presidente de la Fundación Ulysses Guimarães, ligada al PMDB, a Valor.
En la misma convención el vicepresidente Michel Temer fue confirmado como presidente del partido por unanimidad. Temer es una figura clave en el proceso de impeachment, ya que asumiría el gobierno en caso de destitución de la presidenta.
Se acelera impugnación
El plazo estipulado por el PMDB para definir su salida del gobierno otorga al partido una suerte de “calendario de impugnación”.
Tal como anunció el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB) la semana pasada, la cámara tendrá cerca de 45 días para analizar el proceso desde el momento en que el Supremo Tribunal Federal (STF) decida sobre el procedimiento formal de impugnación, una sesión que está programada para mañana miércoles.
Cunha adelantó que el día después de que la Corte entregue su decisión pedirá la creación del comité parlamentario que verá el proceso. “Iniciaré el proceso rápidamente una vez que se clarifiquen las reglas”, aseguró Cunha.
El parlamentario se manifestó incluso dispuesto a convocar a una sesión extraordinaria para este próximo viernes, debido a que el Congreso sólo sesiona de martes a jueves.
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