El plan, que prevé otorgar préstamos por US$ 14.000 millones
a General Motors y Chrysler, pasa su primer escollo, pero todavía tiene que ser
refrendado por el Senado. Los demócratas no tienen mayoría absoluta en la
cámara alta, por lo que podrían tener dificultades para que estos créditos
salgan adelante.
El presidente de EEUU, George W. Bush, está presionando a
los miembros de su propio partido para que voten a favor del rescate y permitan
así su materialización.
La iniciativa fue aprobada ayer en una sesión vespertina
celebrada en el Congreso, con 237 votos a favor y 170 en contra. Ahora debe ser
respaldada por el Senado, previsiblemente entre hoy y el domingo, para lo que
son necesarios 60 votos. Los demócratas no llegan a esta cifra en solitario por
lo que necesitan el apoyo de varios senadores republicanos.
El proyecto de ley otorga a las empresas tres meses de
plazo, hasta el 31 de marzo, para acelerar los planes de viabilidad que
presentaron la semana pasada en el Capitolio y para demostrar que tienen una
estrategia a largo plazo definida. Cuando pasen los tres meses, las compañías
comparecerán ante el parlamento para explicar su situación financiera y
detallar en qué han utilizado los préstamos concedidos por el Gobierno.
Tanto General Motors como Chrysler tendrán que aceptar que
un supervisor nombrado por el presidente de EEUU, George W. Bush, controle su
gestión. Los demócratas, que quieren pactar al elegido con Bush, son
partidarios de designar a Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal y
asesor de Barack Obama, presidente electo de EEUU.
El supervisor informará al Congreso de la evolución de las
compañías y tendrá derecho a vetar cualquier inversión superior a cien millones
de dólares, así como a suspender la retribución variable de los 25 directivos
de mayor rango de las empresas. Si en estos tres meses descubre que las
empresas no pueden ser viables, podrá forzarles a la presentación del
expendiente concursal.
El plan de rescate obligará a las empresas a otorgar
warrants (opciones de compra) a favor del Gobierno por el 20% de los préstamos,
que sólo se ejecutarán si es necesario recuperar el dinero prestado. Si se
ejecutaran, la Administración se convertiría en accionista de las empresas.
John Dingell, congresista demócrata, aseguró ayer que sin
esta financiación puente “nos encaminaremos a la peor calamidad que este país
ha sufrido desde la
Gran Depresión”.
General Motors y Chrysler aseguran que, sin esta financiación, se verán
obligadas a presentar expediente concursal. Si reciben los préstamos,
ejecutaran una agresiva reestructuración, que implicará el rediseño de su
producción, la venta de activos y la reducción de costes. Ford, que había
pedido 9.000 millones, ha renunciado a esta cantidad porque tiene liquidez,
aunque el proyecto de ley permite que pueda solicitar su parte de
los créditos.
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