El Gobierno colombiano reconoció hoy que
Estados Unidos suspendió la asistencia a tres unidades militares por
estar involucradas en un escándalo por presuntas ejecuciones
extrajudiciales, señaló hoy el ministro de Defensa, Juan Manuel
Santos.
El alto cargo, que inicialmente el jueves había negado esa
suspensión, tras dialogar con el embajador estadounidense en Bogotá,
William Brownfied, admitió hoy también que el diplomático pudo estar
desinformado.
Un documento enviado por un delegado oficial de la embajada de
EE.UU. en Bogotá a varios medios transcribe una entrevista de un
funcionario de Washington, que no identificó, con CNN en el que
asegura que no se suspenderá la ayuda militar a Colombia, pero sí se
decidió que tres unidades militares "ya no califican para recibir la
asistencia".
Según las fuentes, esa decisión fue adoptada "con base en la
información proporcionada por el Gobierno de Colombia de que estas
unidades estaban involucradas en la violación de derechos humanos",
por las presuntas ejecuciones extraoficiales.
El ministro Santos reiteró hoy, en declaraciones a medios
locales, que él recibió el jueves esa información de un periodista y
verificó "con el señor embajador y me dijo que no era cierta, que
había habido una mala interpretación de algo que se dijo en
Washington".
Santos señaló que el embajador Brownfield anunció que clarificará
esa situación en una rueda de prensa en Cartagena en las próximas
horas.
El documento del Departamento de Estado añade que esa decisión fe
adoptada "para garantizar que las unidades que participaron en los
homicidios de Soacha (localidad colindante con Bogotá), no
recibieran la asistencia de acuerdo con las leyes de EE.UU.".
Santos indicó que Brownfield hará claridad desde Cartagena sobre
los alcances de la decisión, porque no se sabe si el recorte en la
asistencia es a las guarniciones militares o a los comandantes de
las mismas.
El escándalo de las ejecuciones extrajudiciales se remonta a
septiembre pasado, cuando se conoció la ejecución de 23 jóvenes que
desaparecieron desde enero y que días después fueron reportados como
"bajas en combate", cuando al parecer habían muerto a manos de
militares.
Los adolescentes fueron supuestamente reclutados por el Ejército
y enviados desde Soacha, hasta una región rural del departamento de
Norte de Santander, a unos 800 kilómetros al noreste de la capital,
donde fueron dados por muertos como guerrilleros caídos en combate.
El Gobierno del presidente Álvaro Uribe, tras una investigación
por esos "falsos positivos", destituyó la semana pasada a 27
militares, oficiales y suboficiales y entre ellos a tres generales y
el martes pasado renunció a su cargo el comandante del Ejército,
general Mario Montoya.
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