La Cámara de Diputados de Argentina
aprobó hoy un proyecto para habilitar la expropiación de Aerolíneas
Argentinas y sus subsidiarias al grupo español Marsans, iniciativa
que ahora deberá debatirse en el Senado.
El proyecto fue aprobado con 152 votos a favor, 84 en contra y
una abstención, tras un debate de seis horas y media en el que el
oficialismo hizo pesar su mayoría.
El proyecto propone declarar a Aerolíneas y su subsidiaria para
vuelos domésticos Austral como empresas de "utilidad pública y
sujetas a expropiación".
La declaración también alcanza al resto de las compañías
controladas por Aerolíneas: Optar (operador de turismo), Jet Paq
(carga) y Aerohandling (servicios de rampa).
De la expropiación quedarán exceptuadas las participaciones
accionariales minoritarias en Aerolíneas del Estado argentino (5%) y de los casi 9.000 trabajadores de la firma a través del
Programa de Propiedad Participada (0,59%).
En el debate de hoy, las principales fuerzas de la oposición se
manifestaron a favor de la "recuperación" de la empresa, pero no de
que la compañía sea expropiada en su conjunto.
La oposición defendió la expropiación solo de aquellos activos
utilizables, para que el Estado no se haga cargo de la pesada de
deuda de Aerolíneas, cercana a los mil millones de dólares.
"Estamos asumiendo una deuda fenomenal que el pueblo argentino no
contrajo y que es por lo menos fruto de un manejo brutal empresarial
y de la incapacidad brutal de control a la empresa", dijo el
diputado Jorge Sarghini, del peronismo disidente.
"Esta operación es ruinosa para el gasto público del país",
coincidió el radical Oscar Aguad, que destacó que la empresa tiene
un déficit operativo de US$50 millones mensuales.
Finalmente, el oficialismo introdujo en el proyecto original un
artículo que aclara que el Estado sólo se hará cargo de las "deudas
legítimas", que deberán ser identificadas y diferenciadas de las
"ilegítimas" generadas por operaciones dolosas o mala gestión de
Marsans.
El proyecto
Una vez que la iniciativa se convierta en ley, el Estado
argentino, por medio del organismo que designe, ejercerá "todos los
derechos que las acciones a expropiar le confieren" para "garantizar
la continuidad y seguridad del servicio", señala el proyecto, que
podría debatirse en el Senado dentro de 15 días.
Apunta, además, que el Estado deberá encargarse del mantenimiento
de las fuentes laborales y del resguardo de los bienes de las
empresas y presentar en seis meses un plan de negocios para las
compañías, intervenidas judicialmente desde el 21 de noviembre
pasado.
La Ley de Expropiaciones de Argentina, aprobada en 1977,
establece que el objeto de expropiación debe ser antes declarado de
"utilidad pública" y que por él debe pagarse una indemnización que
"solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean
una consecuencia directa e inmediata de la expropiación".
Según esta norma, el Estado deberá pagar la indemnización "dentro
de los valores máximos que estimen a ese efecto el Tribunal de
Tasaciones de la Nación", organismo que ya determinó que Aerolíneas
tiene una valoración negativa de US$832 millones, por lo que
el Estado debería pagar un "valor simbólico" de un peso.
Para Marsans, dueño del 94,41% de Aerolíneas, la
compañía vale entre US$330 millones y US$546 millones, según determinó
el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.
La Ley de Expropiaciones establece que si no hay avenencia
respecto del valor de los bienes, la cuestión deberá resolverse
mediante un juicio sumario.
La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las
Privatizaciones recomendó hace dos semanas debatir esta ley de
expropiación, después de que Marsans rechazara vender la empresa al
Estado argentino por un "valor simbólico".
El Gobierno argentino y el grupo español firmaron en julio pasado
un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de
la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias
en las tasaciones de ambas partes.
El grupo español ha advertido que demandará al Estado argentino
ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones
(CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial.
"El supuesto enojo entre el Gobierno y Marsans es puro teatro,
acá no hay buenos ni malos como nos quieren hacer creer. No
olvidemos que Marsans fue el mayor contribuyente a la campaña (por
la Presidencia argentina) de Cristina Fernández", indicó el diputado
opositor Esteban Bullrich.
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