La pobre infraestructura continúa siendo uno de los principales obstáculos de Colombia para mejorar su competitividad empresarial. La densidad de las carreteras es muy baja y las condiciones son pobres. El uso de vías navegables y ferroviarias es mínimo, por lo que las carreteras representan el principal modo de transporte y se fuerza el uso de otros medios más costosos, como el flete aéreo. Las ineficiencias del trasporte también suben los costos del comercio exterior. En respuesta, el presidente Juan Manuel Santos está aumentando sus esfuerzos por enfrentar estos problemas y acelerar la ejecución de proyectos en su segundo mandato.
De acuerdo con el informe Doing Business 2015 del Banco Mundial, los costos de exportar e importar en Colombia llegaron a US$ 2.355 y US$ 2.470 por contenedor, respectivamente, en 2014. Estas cifras son 81% y 41% más altas que el promedio para América Latina, respectivamente, y dos veces el nivel de la OCDE.
Sin embargo, las presiones a los costos de transporte han disminuido en años recientes por el mejoramiento en las condiciones de seguridad en las carreteras nacionales. Además, durante su primer mandato Santos se enfocó en modernizar el diseño de las concesiones carreteras y resolver los problemas legales en los procedimientos. Pero esto tuvo un efecto adverso: disminuyó el ritmo de ejecución de su plan de 50 billones (millones de millones) de pesos colombianos (US$ 21 mil millones) para mejorar carreteras, aeropuertos, vías acuáticas y vías férreas. Se han realizado nuevos esfuerzos para aumentar la ejecución de proyectos de infraestructura en meses recientes, luego del nombramiento del nuevo vicepresidente, Germán Vergas Lleras, como zar de la infraestructura.
Énfasis en carreteras
El plan de infraestructura puso mayor énfasis en la concesión de carreteras. La primera ola de proyectos de cuarta generación (4G) por 12 billones de pesos colombianos incluye diez concesiones para construir y mantener cerca de 1.000 km de nuevas carreteras, conectando los puertos del Atlántico y del Pacífico con los principales centros de producción y consumo en las regiones centrales y occidentales del país. Todas las concesiones ya han sido asignadas y esperan su ejecución. Más recientemente, el gobierno aprobó una segunda ola de proyectos 4G por 14.200 billones de pesos colombianos, que incluyen la construcción de casi 500 km de nuevas carreteras y el mejoramiento de cerca de 1.300 km de las existentes, conectando a las provincias en el suroeste y el noreste.
Además, el gobierno asignó la concesión del río Magdalena, subrayando su meta de revivir las vías acuáticas y como una alternativa de transporte. El proyecto de 2.500 billones de pesos colombianos busca mejorar la navegabilidad de casi 908 km del río. En 2010-2014, se destinaron cerca de 2.800 billones de pesos colombianos para desarrollar aeropuertos regionales e internacionales.
Grandes cantidades de fondos públicos también se han destinado a programas de agua y sanitización, además de desarrollo inmobiliario.
Entretanto, las compañías de energía están avanzando en su expansión. Esto incluye la reciente inauguración de la represa hidroeléctrica Sogamiso de 820 megawatts, por US$ 1.900 millones. El proyecto El Quimbo, de US$ 1.000 millones, debe generar 400 megawatts más, y para 2019 la ambiciosa planta de Hidroituango, de US$ 5.500 millones, sumará 2.400 megawatts adicionales.
Desafíos pendientes
Todos estos proyectos han tenido obstáculos. La mayor traba para el sector energético ha sido asegurar los permisos medioambientales y la necesidad de realizar consultas a las comunidades locales. El gobierno recientemente simplificó la emisión de permisos medioambientales, pero el progreso ha sido más limitado en reducir las presiones de grupos de interés que defienden los derechos de las comunidades locales de oponerse a los nuevos proyectos. La concesión de carreteras ha sido obstaculizada principalmente por contratiempos en la compra de terrenos, como también por deficiencias en el diseño, financiamiento y estructuras legales.
Con Vergas Lleras ahora a cargo de las iniciativas de infraestructura, la administración ya no parece estar dispuesta a dar cabida a retrasos. A fines del año pasado, el gobierno terminó la concesión para modernizar el aeropuerto de la isla San Andrés debido a que la concesionaria no cumplió con los plazos. Razones similares llevaron al vicepresidente a presentar una demanda para evitar la concesión del túnel La Línea, que reduciría el tiempo de viaje entre el puerto de Buenaventura en el Pacífico y el centro del país.
Los contratiempos también han generado un cuestionamiento de las habilidades técnicas y la ética de las empresas de ingeniería locales. El gobierno planea fortalecer los requerimientos técnicos y de experiencia para las futuras concesiones. Más aún, Vargas Lleras anunció una mayor coordinación con el sector privado para construir un plan de infraestructura a 20 años que será presentado a fines de 2015.
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