El presidente de Ecuador, Rafael Correa, lleva varios meses lidiando con el cada vez más generalizado descontento de su país. Su propuesta de aumentar los impuestos sobre la herencia y las ganancias de capital de los bienes raíces provocó en junio la ira de los sectores medios y altos de centro-derecha del país. Pronto se unieron otros grupos para manifestar su preocupación por la situación política y económica que atraviesa Ecuador. La molestia de los diversos grupos sociales confluyó en un paro nacional el 13 de agosto para exigir al gobierno que rectifique en sus propuestas.
En este contexto, con los menores ingresos fiscales forzando una reducción en las inversiones de capital, el gobierno ha propuesto una nueva legislación que ampliará el alcance de las asociaciones público-privadas para el desarrollo de infraestructura.
La ministra de Producción, Nathalie Cely, presentó esta nueva legislación en la Asamblea Nacional (el Parlamento unicameral de Ecuador) el 17 de agosto. La propuesta formalizaría las directrices establecidas en un decreto ejecutivo anterior y establecería nuevos incentivos para la participación del sector privado en la construcción y mantenimiento de la infraestructura pública, incluidos los puertos, aeropuertos, carreteras, transporte de energía eléctrica, transporte público urbano y vivienda pública. Los incentivos consisten en gran medida en exenciones fiscales, como los aranceles a las importaciones e IVA, durante la construcción del proyecto, y una prórroga de diez años en el pago del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la repatriación de beneficios. Según Cely, habría un foco adicional para la industria del turismo, que el gobierno espera que se convierta en una de las principales fuentes de ingresos por exportaciones en 2017.
El gobierno ha buscado inversión privada, tanto nacional como extranjera, tras la significativa reducción de ingresos fiscales por la caída del precio del petróleo. Los ingresos por el crudo representaban alrededor del 25% de los ingresos fiscales. Con una recaudación fiscal 6% menor entre enero y abril, y con la expectativa de que la tendencia a la baja continúe, el gobierno recortó el gasto, sobre todo en infraestructura, algo significativo porque en Ecuador el gasto público representa más del 40% del PIB, una de las tasas más elevadas en Latinoamérica. Mientras, la inversión extranjera sigue siendo baja para los estándares regionales, el equivalente a menos del 1% del PIB.
Ecuador puede tener también dificultades para atraer una inversión privada significativa en infraestructura. El país llega relativamente tarde al juego del desarrollo de infraestructura en un marco de la asociación público-privada, mientras que países como Brasil, Chile, Colombia y Perú tienen los lineamientos legales bien establecidos. Además, la economía ecuatoriana difícilmente puede parecer atractiva a los inversionistas: esperamos un crecimiento económico de sólo 1% este año, que se acelerará a 3,3% en 2016, aunque con riesgos sesgados a la baja dada la continua caída del precio del petróleo. Los empresarios locales se han quejado de la subida de impuestos propuestos sobre la herencia y las ganancias de capital también pueden amortiguar el entusiasmo nacional para la inversión.
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