Después de más de once años en el poder, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales fue golpeado por una serie de escándalos de corrupción. La ausencia de controles internos en las empresas estatales y dependencias gubernamentales ha generado una serie de investigaciones por corrupción y casos criminales posteriores. Sin embargo, la EIU espera que varios obstáculos, sobre todo en el poder jurídico, continúen impidiendo los esfuerzos para solucionar el problema.
Escándalos a la suba
A fines de 2016, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal de petróleo y gas, anunció un contrato para comprar tres equipos de perforación de Drillmec por US$ 148 millones.
Rápidamente aparecieron preguntas sobre el precio del contrato, involucrando a la oficina del fiscal público.
Desde el inicio de la investigación, 19 trabajadores de la empresa han sido suspendidos, incluyendo al ex presidente de YPFB, Guillermo Achá, quién fue detenido el 20 de junio y acusado de tráfico de influencias y de actuar contra los intereses económicos del Estado.
Las acusaciones de corrupción han surgido también en otras dependencias del Estado.
La ministra de Comunicaciones, Gísela López, reveló el 19 de junio que pidió una investigación interna de lo que ella creía fueron actos serios de corrupción en el canal de televisión estatal Bolivia TV.
Otros escándalos que afectan la imagen del gobierno incluyen revelaciones d eque los activos confiscados por las fuerzas de seguridad anticontrabando y en los casos de interdicción de drogas nunca fueron subastados como corresponde, sino que en su mayoría han desaparecido.
Elecciones judiciales
Las recientes investigaciones para combatir la corrupción fueron un desarrollo positivo, pero el progreso seguirá obstaculizado por el sistema judicial, plagado de corrupción, arbitrariedad e influencias políticas.
Para aumentar la eficiencia judicial, el gobierno optó por reemplazar a los altos funcionarios a través de un proceso abierto de selección de candidatos, seguido por una elección popular de los que quedaron en una lista corta. Las últimas elecciones judiciales tuvieron lugar en 2011. Sin embargo, la nueva jerarquía alcanzó poco en términos de reformas. Cerca de un 80% de la población carcelaria está a la espera de audiencias o del resultado de largos juicios.
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