El gobierno de Perú enfrenta grandes desafíos antes de poder volver a poner en funcionamiento la única fundición multi-metal del país, que se ha mantenido cerrada desde hace ya seis años.
Una violenta protesta protagonizada por trabajadores del complejo metalúrgico estalló el 11 de agosto en la ciudad altiplánica de La Oroya, dejando a una persona muerta y a docenas de heridos, lo que obligó al gobierno a tomar medidas después de años de demoras. La ministra de Energía y Minería Rosa María Ortiz, se reunió a conversar con los representantes de los 2.400 trabajadores después de los enfrentamientos, alcanzando al día siguiente de las protestas un acuerdo de cinco puntos con el que se buscará alcanzar una solución más de largo plazo. Sin embargo, este paso podría tener un impacto sobre docenas de otros conflictos sociales que involucran a las industrias extractivas.
El complejo de La Oroya y la mina de cobre de la vecina Cobriza se han mantenido cerradas desde junio de 2009, con los trabajadores recibiendo un porcentaje de su paga, luego de que las autoridades intervinieran a través de un complejo entramado de elementos legales y ambientales. La fundición fue abierta originalmente en 1922 y nacionalizada en el gobierno militar (1968-80). Posteriormente volvió a ser privatizada en los ´90, terminando en manos de Doe Run, una filial de US Renco Group.
Doe Run cerró el complejo en el peor momentos de la crisis financiera internacional, y le pidió a las autoridades locales una extensión del plazo para cumplir con los planes de mitigación ambiental. La solicitud fue rechazada y Doe Run perdió su licencia en 2010. Un interventor contratado por los acreedores de Doe Run, incluyendo al Estado peruano, administra actualmente sus activos.
Relajar exigencias
Los trabajadores ya habían realizado protestas en el pasado pero el nuevo estallido se produce luego de que el proceso internacional para subastar el complejo metalúrgico el 6 de agosto concluyera sin postores. Los trabajadores ahora temen que el complejo sea cerrado en forma definitiva y sus activos liquidados. Su principal demanda es que el gobierno debe relajar las exigencias medioambientales, lo que lo haría menos oneroso para un potencial oferente se haga cargo del complejo. Este será el punto clave que deberá discutir la comisión técnica establecida como parte del acuerdo con los trabajadores.
Pero una presión adicional está surgiendo a partir de un reclamo por US$ 800 millones presentado en contra del Estado peruano por parte de Renco Group ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal de resolución de disputas del Banco Mundial. La compañía argumenta que la revocación de la licencia violó el capítulo de inversiones del acuerdo de libre comercio entre Perú y EEUU, implementado en febrero de 2009.
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