La economía española profundizó su caída en el tercer trimestre, contrayéndose 1,7% respecto del año anterior, informó ayer el Banco de España en una previsión. Respecto de los tres meses previos, la economía se contrajo 0,4%, el mismo ritmo que en el segundo trimestre.
De acuerdo con el informe, la caída del consumo privado se atenuó debido a que las compras se anticiparon a la entrada en vigor del alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El gasto público amplió su caída y el empleo se contrajo 4,5% respecto del año anterior. El sector externo siguió contribuyendo positivamente, con 0,8 punto porcentual, levemente por debajo del trimestre anterior, debido a la mejora de las importaciones.
El banco central advirtió además que el país podría no cumplir su meta de déficit de 6,3% del Producto Interno Bruto este año.
Rebaja a las regiones
La agencia Moody’s dio otro golpe ayer a España al bajar la calificación a cinco regiones: Andalucía y Extremadura quedaron en nivel de bono basura, y Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia se alejaron aún más del grado de inversión. Todas las comunidades quedaron con perspectiva negativa.
La firma argumentó que la rebaja refleja el deterioro en sus posiciones de liquidez, reservas en efectivo limitadas y líneas de crédito de corto plazo para financiar sus necesidades de operación.
La región autónoma de Madrid, que representa un 20% del Producto del país, pospuso ayer una emisión de deuda, diciendo que las condiciones del mercado no eran las óptimas.
Pero pese a ello, el Tesoro logró ayer colocar exitosamente el máximo previsto de 3.500 millones de euros en una subasta de títulos a tres y seis meses. La demanda fue mayor a lo esperado y los costos se mantuvieron en niveles similares a los del mes anterior.
Las expectativas de que el gobierno pedirá pronto el rescate soberano al fondo de rescate europeo, lo que abrirá la puerta para que el Banco Central Europeo le compre deuda soberana, han hecho caer los rendimientos de los bonos, pero los mercados están cada vez más impacientes.
“Esperamos que se realice una petición después de las elecciones regionales (el domingo), o a principios de noviembre, pero el riesgo es que esa decisión sea retrasada”, dijo a Reuters el analista de RBS, Simon Peck.
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