El Estado argentino pasó a controlar
hoy 78.000 millones de pesos (US$23.350 millones) en activos
de los fondos de la jubilación privada, al publicarse la ley que les
pone fin y que reforma el sistema de previsión social.
El Boletín Oficial del Estado puso en vigor la ley que crea el
Sistema Integrado Previsional Argentino, con lo que las jubilaciones
se vuelven a concentrar en el Estado después de 14 años de
convivencia con la opción privada.
También entraron en vigor normas para el manejo de los activos
que ahora pasan a la Administración Nacional de la Seguridad Social
(Anses), que cada año se anexará además 13.500 millones de pesos
(unos US$4.000 millones) que aportaban los 9,5 millones de
afiliados a los diez fondos de jubilación privada del país.
Estos fondos estaban controlados hasta ahora por aseguradoras y
bancos de capital local, europeo y estadounidense.
Polémica
La reforma del sistema de jubilaciones ha sido rechazada por las
principales fuerzas de la oposición, que acusan al Gobierno que
preside Cristina Fernández de "saquear" fondos privados para
financiar deudas y el gasto público.
El mercado de capitales argentino y el de España sufrieron
fuertes sacudidas a mediados de octubre pasado, cuando Fernández
anunció el envío al Parlamento de la ley reformista, que fue
promulgada el 4 de diciembre.
A partir de hoy, la Anses pasa a tener bonos soberanos, títulos
de deudas privadas y participaciones en una treintena de grandes
empresas cotizantes en la Bolsa de Buenos Aires, entre ellas varias
de capital español que estaban en manos de los fondos de pensión.
Unos 45.500 millones de pesos (US$13.500 millones) de los
fondos de pensión privada estaban invertidos en bonos públicos
argentinos, por lo que la Anses es ahora propietaria de gran parte
de la deuda soberana, lo que le simplificará al Tesoro el alivio de
los pagos.
Otros 7.200 millones de pesos (unos US$2.150 millones)
están invertidos en plazos fijos y representan cerca de una décima
parte de las colocaciones en estos instrumentos dentro del sistema
financiero local.
Se presume que la mayor parte de las Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones (AFJP) cerrarán sus puertas en vista de que
su negocio queda reducido al de los seguros de retiro y a manejar
aportes que sus afiliados hicieron voluntariamente por encima de lo
que fijaba el antiguo sistema.
La nueva legislación dispone que quienes eran afiliados a las
AFJP podrán optar por transferir sus aportes voluntarios a la Anses,
a la que el Gobierno de Fernández ha dado participación en un
millonario plan de ayuda a las empresas para afrontar los coletazos
de la crisis financiera internacional.
"En ningún caso, las compensaciones que pudieran corresponder" a
las AFJP "podrán superar el valor máximo equivalente" a su capital
social, dice la normativa.
También establece que "se realizarán todos los actos necesarios
para garantizar el empleo" de quienes no hayan ocupado cargos
jerárquicos en los fondos de pensión, que se calculan en unos 9.000
trabajadores que serán contratados por la Administración Pública.
Otros planes
La semana pasada, Fernández anunció un plan de créditos con bajas
tasas de interés por unos 13.200 millones de pesos (unos US$3.800
millones), en parte aportados por la Anses, para
financiar a pequeñas y medianas empresas, las compras de automóviles
y de electrodomésticos.
Para el lunes próximo se espera que Fernández anuncie un
millonario plan de inversiones públicas en todo tipo de obras de
infraestructura.
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