La Organización Internacional del Trabajo (OIT) no publicará por primera vez desde 1926 su lista anual de países cuyos Gobiernos violan sistemáticamente los derechos de los trabajadores, informaron hoy a Efe fuentes diplomáticas.
Empresarios y sindicatos no llegaron a un acuerdo para la elaboración de esta lista con los casos más graves de violaciones de los derechos sindicales y laborales, que elabora cada año un comité de 17 juristas independientes y expertos en la materia.
"Las tensiones existentes entre los empresarios y los sindicatos impidieron el acuerdo, por lo que no habrá lista de países cuestionados por primera vez desde 1926", afirmaron las fuentes, muy cercanas a la negociación celebrada en el marco de la 101 Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra.
Los sindicatos acusaron a la Organización Internacional de Empresarios (OIE) de bloquear la discusión acerca de los peores casos de violación de los derechos laborales en el mundo.
La secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Sharan Burrow, acusó a los empresarios de "intentar meter debajo de la alfombra los peores abusos y evitar el escrutinio internacional que podría ayudar a salvar vidas y a hacer frente a algunos de los ataques más atroces contra los derechos laborales".
En un comunicado, la CSI recordó que el año pasado 29 sindicalistas fueron asesinados en Colombia y que hubo "una terrible campaña" contra representantes de los trabajadores en países como Guatemala y Suazilandia, por lo que lamentó que los empresarios "piensen que esto no ha de debatirse en la OIT".
Burrow se refirió también al caso de los egipcios, cuyos representantes sindicales "están en medio de una batalla por sus derechos más básicos frente a los empresarios, que están tomando partido por las fuerzas militares y fundamentalistas".
"La OIE también ha rechazado permitir una discusión sobre la reducción de los derechos colectivos en Grecia y España, donde el desplome de los ingresos está empeorando la difícil situación económica de estos países", agregó la sindicalista.
Para Burrow, "los empresarios socavan uno de los mecanismos de derechos humanos más eficaces en el sistema internacional", lo que puede "ayudar a algunos de sus miembros menos responsables a lograr un poco más de beneficio y a sostener Gobiernos que permiten y promueven la violencia contra los trabajadores".
Daniel Funes de Rioja, vicepresidente ejecutivo de la OIE, explicó a Efe que la confección de la lista no fue el obstáculo para llegar a un acuerdo, sino el hecho de que "los expertos fueron más allá de los criterios de interpretación" del derecho a la huelga.
Funes de Rioja afirmó que el comité de expertos hizo "una interpretación de tipo genérico (sobre el derecho de huelga contemplado en el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación) que no le compete".
"Nosotros pedimos que hubiera una clarificación de que las opiniones del comité no implicaban la voz tripartita (sindicatos, empresarios y Gobiernos) de la OIT", señaló el vicepresidente de la OIE, partidario de evaluar las situaciones caso por caso, como hace el comité de libertad sindical, y no de establecer una tasa rasa.
"Puede haber una coincidencia sobre lo que implica el derecho de huelga, pero la extensión, el alcance y los límites de ese derecho tienen que estar referidos más bien a las realidades y a las prácticas legislativas nacionales", argumentó Funes de Rioja.
El representante empresarial dijo que lo que impidió un acuerdo fue que los sindicatos plantearon la discusión como un "todo o nada", y planteó la necesidad de revisar los métodos de trabajo de los órganos de supervisión de la OIT, porque "lo que se visualiza es que los expertos van más allá de lo que les compete".
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