El Gobierno argentino confía en
lograr mañana la aprobación en el Senado del proyecto que prevé el
traspaso de los fondos de jubilación privada al Estado, mientras la
oposición busca sumar votos contrarios a la polémica iniciativa.
La cámara alta, de mayoría oficialista, debatirá el proyecto
enviado por el Ejecutivo que preside Cristina Fernández y que el
pasado 7 de noviembre obtuvo la media sanción en la Cámara de
Diputados.
La iniciativa, que impactó de forma negativa en los mercados,
cuenta con el apoyo de la mayoría de los legisladores pertenecientes
al gobernante Partido Justicialista (PJ, peronista) y de sectores de
las opositoras Unión Cívica Radical (UCR) y el socialismo.
De todas formas, los denominados peronistas disidentes
anticiparon su voto negativo, al igual que otras facciones de la
oposición, como la Coalición Cívica.
Sin embargo, desde la propia oposición aseguraron a Efe que los
senadores alineados al Gobierno ya cuentan con los votos necesarios
para convertir en ley el proyecto, que establece el traspaso de los
activos de las Administradoras de Jubilación y Pensión (AFJP) -unos
US$30.000 millones- al sistema estatal.
"Lo que estamos haciendo es tomar el modelo que tienen España,
Francia, Estados Unidos, que tienen los países serios y
desarrollados, en los cuales el seguro social es un pilar público",
aseguró el jefe de Gabinete argentino, Sergio Massa.
El funcionario confió en que los senadores darán "un amplio
respaldo" a la nacionalización de las AFJP, que permitirá a las
cajas del Estado obtener una recaudación adicional de 15.000
millones de pesos (unos US$4.500 millones) al año.
El ex presidente argentino y líder del PJ, Néstor Kirchner,
(2003-2007) afirmó la semana pasada que el proyecto es "la decisión
más importante" que tomó el Gobierno "desde el 2003 a la fecha".
Kirchner fue denunciado penalmente días atrás por la líder
opositora argentina Elisa Carrió, quien lo acusa de encabezar una
presunta "asociación ilícita" conformada, entre otras razones, para
el manejo irregular de los fondos que pasarán al Estado si se
aprueba la reforma de pensiones.
Según Carrió, esta asociación opera en el Gobierno de Cristina
Fernández, esposa y sucesora de Kirchner.
Las principales fuerzas políticas de la oposición acusan al
Gobierno de querer "hacer caja" con los fondos de la jubilación
privada para financiar el gasto público y compromisos de deuda por
unos US$11.800 millones que vencen a lo largo de 2009.
Por su parte, el Gobierno insistió en que no desviará los fondos
que recibirá en caso de ser sancionado el proyecto, cuyo texto
incorporó modificaciones en la Cámara de Diputados a raíz de los
reclamos de la oposición.
Miembros del gabinete también aseguraron que el empleo de los
trabajadores de las AFJP "está garantizado" al argumentar que el
proyecto prevé su incorporación en organismos del Estado.
Sin embargo, grupos de empleados de los fondos jubilación privada
consideraron que la propuesta no garantiza las condiciones laborales
a los once mil empleados del sector.
Así lo manifestaron este martes durante una reunión con el
vicepresidente argentino, Julio Cobos, quien reemplaza estos días a
Fernández, que se encuentra en una gira por África.
Cobos, que mantiene fuertes disidencias con el Gobierno, propuso
impulsar la creación de una comisión para el seguimiento de la
situación de los trabajadores de las AFJP.
El Ejecutivo de Fernández, a quien apoyan los sindicatos,
sostiene que el sistema de jubilación privada ha demostrado ser
ineficaz y, además, ha causado grandes pérdidas a sus afiliados por
el impacto de la crisis financiera mundial.
La rentabilidad de los fondos de pensión privada bajó un 19,11% en promedio en octubre, una de las caídas más fuertes
desde su creación, en 1994, según un informe oficial divulgado este
mes.
Además, un juez de Nueva York decidió la semana pasada prolongar
la congelación de inversiones de las AFJP en Estados Unidos, que
ascienden a US$553 millones..
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