Ley REP vs. Plásticos de un solo uso: conflicto inminente

Gonzalo Uriarte

Tras más de una década de trabajo, estamos ad portas de implementar en el país la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), que busca elevar las actuales tasas de reciclaje en Chile desde menos de un 10% hasta un 60% en poco más de una década. Se trata de una política pública largamente esperada, que llegará directamente a las casas de los ciudadanos y que obligará a más de 14 mil empresas a hacerse cargo de los envases que ponen en el mercado.

Pero hay nubarrones en el horizonte, en la forma de una posible colisión de normas. En concreto, la Ley REP (promulgada del 2016) y la Ley de Plásticos de un solo Uso o PUSU (2021), presentan un eventual conflicto que podría causar efectos impensados por el legislador y que podría generar distorsiones de mercado, afectar a agentes económicos, e incluso al desarrollo de los sistemas de gestión que deben cumplir las metas de reciclaje establecidas en la Ley REP. Y más aún, podría frustrar desde su debut el cambio cultural que quieren generar estas leyes.

“Se han generado varias incertidumbres en el mercado, pero sobre todo, existe la posibilidad cierta del incumplimiento de ambas normativas por un conflicto normativo que es único en el mundo”.

¿Qué ocurre? El problema está en las obligaciones para el plástico PET, con el que se fabrican cada año millones de botellas de bebidas y jugos. Veamos primero las obligaciones impuestas en cada ley.

En el caso de la Ley REP, se establecen metas de reciclaje que parten en un 3% de lo que se pone en el mercado el primer año (2023), para llegar a un 45% al año 12 (2034). De acuerdo a la ley, una vez recolectado y separado el material, este debe venderse mediante una licitación abierta basada netamente en criterios económicos. Es decir, al reciclador que ofrezca el mejor precio de compra.

Por otro lado, la Ley de Plásticos de un solo Uso establece que las botellas plásticas desechables deberán incorporar un 15% de material reciclado en su fabricación a partir de 2025, hasta llegar a un 70% en 2060. Y establece otra obligación: este plástico a incorporar debe ser recolectado y reciclado dentro de Chile, lo que impide la incorporación de material importado de otros países, tal como lo hacen las plantas que usan PET reciclado para la fabricación de otros tipos de envases, como los de tipo clamshell.

Hoy existen proyectos en carpeta para la instalación en Chile de plantas Bottle to Bottle (BtB), que fabrican nuevas botellas a partir de botellas recicladas con el fin de utilizar el material que proveerá la Ley REP, así como con el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Plásticos de un solo Uso. Y aquí empieza la colisión de normas que generan incertidumbre para esta industria.

¿Por qué? Porque existen amenazas que podrían llevar a incumplimientos normativos. El PET reciclado tiene múltiples usos, y podría ocurrir, por ejemplo, que -tal como sucede en Europa- las botellas recicladas sean compradas para fabricar ropa en China, quedando dichas plantas sin abastecimiento para el cumplimiento de la Ley PUSU. O que se realice una compra especulativa con un actor nacional que ofrezca precios fuera de mercado en las licitaciones dispuestas por la Ley REP, acapare el material y luego revenda dicho material a las plantas BtB a un precio superior. Y también una compra hostil por parte de una planta BtB, dejando potencialmente a los sistemas de gestión colectiva REP y a las empresas obligadas a la Ley PUSU sin material que recolectar y valorizar.

Como vemos, esto genera varias incertidumbres en el mercado y también la posibilidad cierta del incumplimiento de ambas normativas, por un conflicto normativo único en el mundo. Un escenario que urge corregir cuando estamos, como se ha señalado, del cambio más importante que se realiza en el país en materia de reciclaje.