El Juzgado de Garantía de Coronel decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual contra Michelle Prater, exgerenta general interina de Puerto Coronel, tras ser formalizada por el Ministerio Público como autora del delito de administración desleal.
Según la fiscal de Alta Complejidad, Glenda Lagos, la responsabilidad penal de Prater no radica en la ejecución directa de desvíos, sino en una omisión crítica de sus deberes de gobernanza y que estando en pleno conocimiento de las maniobras financieras irregulares, “omitió generar acciones para evitar la fuga de dineros” y falló en su obligación legal de “salvaguardar el patrimonio de Puerto Coronel”.
El esquema defraudatorio
De acuerdo a los antecedentes recabados en la investigación, el perjuicio económico, calculado en $ 626 millones, se materializó mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados. Estos fondos fluyeron desde la caja de la compañía portuaria hacia Inversiones Codegua Ltda., de propiedad de Eduardo Hartwig, expresidente del directorio y fundador de la compañía.
La persecutora detalló que Hartwig, en concertación con el exgerente general Javier Anwandter y el exgerente de Administración y Finanzas, Daniel Chamorro, operaron este mecanismo en el que, según la tesis de la fiscal, Michelle Prater habría permitido dar continuidad de los pagos y la disposición del patrimonio social, sin aprobación del directorio, facilitando el lucro de terceros por sobre los intereses de la empresa. Además, se reveló la entrega de $ 10 millones en efectivo a Hartwig provenientes de fondos reservados sin justificación contable.
Medidas cautelares
En la misma jornada se definieron las medidas para el también exgerente general de Puerto Coronel, Javier Anwandter, quien quedó sujeto a las mismas cautelares que Prater; es decir, arraigo nacional y firma mensual y para el empresario Hernán Romero Sáez, hermano del diputado Leonidas Romero, quien enfrentó cargos por un esquema paralelo. En el caso de este último, es investigado por una operación de permuta de bienes con la sociedad inmobiliaria Delsava S.A., la cual habría generado un detrimento adicional a la empresa portuaria por más de $ 482 millones.
Aunque Romero quedó con arraigo nacional y firma mensual, el tribunal acogió la solicitud de su defensa para fijar una caución económica. El empresario deberá pagar una fianza de $ 3 millones para suspender temporalmente su prohibición de salir del país y concretar un viaje familiar a Brasil programado para febrero.
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