Un mes exacto después de que el Primer Tribunal Ambiental acogiera la reclamación de la empresa Andes Iron y revocara el rechazo del Comité de Ministros de enero de 2023 al proyecto minero-portuario Dominga, una renovada instancia -sin ministros esta vez- votará a las 16:00 hrs de este miércoles nuevamente la iniciativa.
Y aunque la expectativa de detractores y partidarios es que se termine con “el loop eterno” de 11 años de tramitación, la trama no terminará con la sesión convocada, donde cuatro subsecretarios, un jefe de división y un jefe de gabinete, subrogando a los ministros, calificarán favorable o desfavorable el proyecto, por tercera vez.
La sentencia del 9 de diciembre del Tribunal Ambiental ordenó al Comité dictar el nuevo acto bajo una serie de consideraciones, tras determinar que la última vez “abordó materias en las que el Tribunal había descartado la existencia de vicios” y “arribar a conclusiones diversas a las de esta judicatura”.
Dado lo anterior, abogados y conocedores del caso coinciden en que el dictamen de 148 páginas dejó muy poco espacio para que el nuevo Comité haga algo distinto a aprobar el proyecto. Sin embargo, la expectativa de que aquello efectivamente ocurra es baja, sobre todo considerando que el “No a Dominga” fue uno de los eslogan de campaña del Presidente Gabriel Boric y tuvo espacio incluso en su primer discurso en el balcón del Palacio de La Moneda.
Pero no solo desde lo político es compleja una aprobación.
Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente, que presidió el Comité de Ministros de agosto de 2017 que rechazó Dominga y generó la renuncia del equipo económico del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, contó a DF que al inicio de la sesión, el Servicio de Evaluación Ambiental -en su rol de secretaría técnica- presentará a los seis votantes un resumen de todas las observaciones de la etapa recursiva de los servicios. Informes de la Subsecretaría de Medio Ambiente, de Agricultura, del SAG, de Conaf, de la Dirección General de Aguas, entre otros. “Y estos informes no han cambiado respecto de enero de 2023, por lo tanto es muy difícil que se encuentren argumentos que reviertan el rechazo anterior”, indicó el director del Centro de Acción Climática de la PUCV.
Otro punto: “El Tribunal dice que hay cosas que ya fueron juzgadas y por tanto el ámbito del Comité es limitado, pero es difícil que el mismo Comité acate eso, dado que expresamente está en desacuerdo con la sentencia, toda vez que ellos mismos -representados por el SEA- presentaron un recurso de casación para impugnar el fallo ante la Suprema”.
Destacó además que hay un nuevo factor que en la votación anterior no existía: el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Archipiélago de Humboldt, creada a mediados de 2023 y que contempla justamente el área donde se emplazaría Dominga.
Para el exministro del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Javier Naranjo, socio de JDF Abogados, “la sentencia del Tribunal fue clara en decir que la decisión del Comité anterior había incumplido con la sentencia de 2021, porque los antecedentes técnicos ya habían sido resueltos. Guste o no, el Gobierno no puede entrar a cuestionar una sentencia de un poder independiente, hay que cumplirla y punto”.
En la antesala de la votación, Andes Iron hizo un llamado a “respetar de manera fidedigna” las “directrices inequívocas” del fallo por parte del Comité.
¿Qué pasa si se rechaza?
“Si se rechaza, la empresa presentará una reclamación en contra del Comité ante el Primer Tribunal Ambiental para impugnar la votación”, sostuvo Naranjo. Mena agregó: “Y si el Tribunal dice que se sesione de nuevo, esto va a terminar también en la Suprema”.
“Por eso es absurdo que no se suspendieran los efectos del fallo. ¿Por qué obligar a un Comité de Ministros a que haga algo que está siendo reclamado en una instancia superior?”, dijo el exministro de Bachelet en relación a los recursos de casación que fueron presentados ante el máximo tribunal.
Pero no sólo el reclamo es una de las cartas de Andes Iron, sino que también la empresa ligada a la familia Délano podría activar la arista penal en el caso y acusar de desacato y/o prevaricación administrativa a los subrogantes.
“Técnicamente, si el Tribunal dice que en una serie de puntos ya está todo zanjado y el Comité en esos mismos puntos dice lo contrario sin agregar nada nuevo, podría allí haber una prevaricación, pero dependerá de lo que ocurra y de la resolución, que podría demorar hasta un año en publicarse”, explicó Naranjo.
Un experto en estas materias, agregó que, dado el estrecho camino que le quedó al Comité para votar, “es probable que la resolución de la votación incumpla el fallo del Tribunal y, en ese caso, la empresa podría exigir también el cumplimiento forzado de la sentencia”.
¿Y si se aprueba?
Pese a ser el escenario menos posible, de ser calificado favorablemente, los detractores de Dominga reclamarían dicha resolución ante el Tribunal Ambiental, abriendo nuevamente la controversia. Sin embargo, si la Corte Suprema resuelve que la sentencia del Tribunal se ajustó a derecho, validaría la aprobación del Comité de Ministros y se acabaría el loop.
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