El conflicto legal entre los principales exchanges de criptomonedas del mercado con gran parte de la banca por la apertura de cuentas corrientes que se desarrolla desde 2018 en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aún ha dejado espacio para nuevas discusiones.
La disputa se inició luego que una serie de bancos cerraron o negaron la apertura de cuentas corrientes a Buda.com, CryptoMKT y OrionX.
Buda.com fichó a dos expertas para su defensa que son las abogadas Carolina Veas y Rebeca Zamora. Ambas elaboraron un informe de 121 páginas que presentaron al Tribunal antes de que finalice el año reforzando la posición de la fintech.
Las juristas indicaron al TDLC que los bancos han invocado la regulación de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo “para justificar el cierre o negativa de apertura de cuentas, aun cuando aquello ha sido explícitamente desaconsejado por dicho marco normativo y por la propia Fiscalía Nacional Económica (FNE)”.
En el documento que hicieron presente, acusaron que “los bancos prefieren darle una lectura distinta a la normativa sectorial y alegan no estar preparados para hacerse cargo de los riesgos involucrados en la actividad de los exchanges porque, o bien no estarían regulados, o bien porque las transacciones que facilitan conllevarían un alto riesgo de lavado que no se puede manejar”.
Bajo esa línea argumentativa, afirmaron que las entidades financieras “tampoco podrían tener como clientes a quienes se dedican al comercio de joyas, relojes, vehículos de todo tipo, obras de arte o antigüedades, entre otros bienes que universalmente se reconocen como posible medio para el lavado de dinero -y quienes, además, si están regulados al ser sujetos obligados en el derecho comparado, pero no en el derecho chileno”.
Por ello, comentaron que es necesario cuestionarse si la banca ha utilizado la normativa “como una excusa para realizar una acción anticompetitiva”.
Añadieron que los bancos “cierran o niegan la apertura de cuentas sin dar fundamentos más allá de no querer operar con los exchanges, ni contar con una política comercial, pública, objetiva y no discriminatoria basada en un enfoque en riesgos-que no cambiará de la noche a la mañana-”.
Apuntaron que “una toma de decisión de esta naturaleza- carente de un protocolo o método que permita a un tercero imparcial verificar su legitimidad y validez-, impide evaluar si acaso la negativa de apertura o cierre de una cuenta corriente responde a una justificación objetiva y razonable -ya sea en la normativa LA/FT u otra- o bien si, por el contrario, tiene un propósito anticompetitivo”.
Con este contexto, acusaron que “los bancos adoptan políticas comunes, lo cual se ilustra en este caso en el hecho de que las decisiones de cierre y negativa de apertura de cuentas de un 79% del mercado pudieron concentrarse en un plazo de tan solo tres meses”.
La defensa de la banca
Banco BICE respondió a las acusaciones de Buda.com planteando que tres años antes de que se iniciara el juicio, definió que no operaría con empresas que comercializan monedas virtuales, salvo la existencia de una acabada debida diligencia y la aprobación expresa por parte del Comité de Ética y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La compañía ligada a la familia Matte apuntó que el conflicto legal con las exchanges se podría solucionar con “la elaboración de un protocolo resulta más que suficiente”.
Por otra parte, Banco Security aseguró que la actividad económica de las plataformas que comercializan criptomonedas “aún no cuenta con la regulación necesaria para prevenir esos riesgos de manera adecuada y tampoco contarán con ella a corto plazo”.
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