Humo blanco emanó desde el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) luego que la semana pasada la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el economista Hernán Büchi presentaron el acuerdo al que llegaron ambas partes para poner fin al caso de interlocking.
La FNE presentó a finales del año pasado un requerimiento contra el exministro de Hacienda por su participación simultánea en los directorios de Banco de Chile, Falabella y Consorcio.
El interlocking es un vínculo entre dos o más empresas competidoras, que se produce cuando éstas comparten -directa o indirectamente- personas en sus cargos ejecutivos relevantes o en su directorio.
Su forma más directa es cuando una misma persona ejercer dichos cargos en dos o más empresas competidoras, situación que se encuentra expresamente prohibida por la legislación.
La Fiscalía hizo ver en la presentación de la denuncia que estas tres empresas -Banco de Chile, Consorcio y Falabella- compiten entre sí en la oferta de productos y servicios bancarios, de servicios de intermediación de valores y otros servicios ofrecidos por corredores de bolsa, emisión de seguros de vida y desgravamen y en la intermediación de seguros.
A través de un comunicado, la FNE destacó que con la aprobación del acuerdo implica que Büchi, al integrar los directorios de Banco de Chile, Consorcio y Falabella, “estaba en posición de acceder a información estratégica de las respectivas filiales que ofrecen los mismos productos y servicios”, lo cual según la FNE se encuentra totalmente prohibido por la legislación.
Además de reconocer estos hechos, Büchi se comprometió a pagar 250 Unidades Tributarias Anuales (UTA) a beneficio fiscal, que corresponden a más de $ 180 millones. Éste es el monto más alto que una persona natural ha pagado producto de un acuerdo conciliatorio o una sanción aplicada por el TDLC.
La fiscal nacional económica subrogante, Mónica Salamanca, valoró la conciliación alcanzada con Hernán Büchi y destacó que “este acuerdo protege la libre competencia porque, por un lado, pone fin a un interlocking horizontal aún existente entre dos competidores, Banco de Chile y Falabella, y por otro, compromete el pago de un monto a beneficio fiscal”.
Salamanca agregó que “tal como ocurrió con la conciliación alcanzada con Falabella, delimita los criterios que permiten establecer qué empresas son competidoras y, por lo tanto, están sujetas a la prohibición de interlocking, evitando la elusión de esta normativa”.
La persecutora económica indicó que en este proceso conciliación, Büchi “reconoce hechos que la FNE ya había concluido en su investigación administrativa: especialmente que Banco de Chile, Falabella y Consorcio participan en diversos mercados del ámbito financiero”.
El abogado de Büchi, Pedro Pablo Gutiérrez, señaló a través de una declaración que el requerimiento interpuesto “deriva de un cambio de interpretación por parte de la FNE respecto de la figura del interlocking. La tesis fundante del requerimiento es contraria a la posición histórica de la Fiscalía y de sus autoridades anteriores como consta en diversos documentos y actos de éstas”.
Gutiérrez recordó que cuando se contempló la figura de interlocking en la legislación, Büchi “solicitó a las compañías en cuya administración participaba que consultaran con expertos y la conclusión fue clara y unánime. Los distintos cargos en que se desempeñaba, todos de forma pública y transparente, respetaban las normas reguladoras de la libre competencia. Pese a la antigüedad de la modificación legal, 2016 y 2017, solo más de cuatro años después se presenta como reprochable y perseguible esta situación”.
Los descargos de Büchi
En línea con lo anterior, la defensa de Büchi expresó que el economista “lo único que ha buscado es honrar la confianza de quienes han estimado que su conocimiento y experiencia puede ayudar al desarrollo de cada una de las compañías en cuya administración ha intervenido. Esa experiencia y conocimiento es lo que explica que lo hayan requerido como director o asesor en distintas empresas”.
Ahondó que ante “su absoluto convencimiento de no haber infringido norma alguna, y haber actuado con la más absoluta profesionalidad, buena fe y transparencia, Hernán Büchi ha decidido terminar anticipadamente un proceso judicial que puede extenderse por años, con los costos que ello implica, humanos y materiales”.
El abogado mencionó que “si existen nuevas reglas o parámetros que cumplir Hernán Büchi siempre ha estado en absoluta disposición de aceptarlas. Lo que resulta lamentable es que se busque imponerlas por la vía de una acusación judicial y no por su debida publicidad, y la posibilidad de adaptarse en un plazo razonable”.
Sostuvo que la FNE “investigó por años, con absoluta cooperación de todas las empresas requeridas, sin encontrar indicio alguno de afectación de la competencia o de acceso a información indebida por parte de Hernán Büchi”.
A juicio de Gutiérrez, “ello explica que el requerimiento en su contra se funde en la figura de un supuesto ilícito de peligro, es decir, en la mera existencia de la posibilidad de que pudiera, hipotéticamente, existir un traspaso indebido de información. No hay imputación específica, concreta y efectiva, de ninguna naturaleza, ni en contra de las compañías requeridas ni en contra de Hernán Büchi”.
Enfatizó que Büchi “no ha infringido norma legal alguna. De ello deriva que el acuerdo alcanzado no implique reconocimiento de ninguna clase de responsabilidad y que la FNE haya renunciado a su pretensión de que se imponga el pago de una multa. Se ha comprometido un pago a beneficio fiscal pero hay acuerdo en que su carácter no es sancionatorio”.
Aseguró que Büchi "ratifica su permanente y absoluto compromiso con la adecuada regulación de los mercados y el respeto de la libre competencia".
El camino del proceso
El acuerdo aprobado fue suscrito de forma individual por Büchi con la Fiscalía, por lo que el TDLC seguirá tramitando el juicio en lo relativo a las acusaciones presentadas contra Consorcio y Banco de Chile.
Esta conciliación se suma a la celebrada entre la FNE y Falabella, aprobada por el TDLC el viernes 4 de noviembre, en la cual la empresa se obligó a pagar US$ 1,2 millones, efectuó un reconocimiento de hechos y, además, comprometió la renuncia de Büchi a su cargo de director y que no lo contratará en el futuro como asesor o en otra posición asimilable a la de un ejecutivo relevante.
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