A fines de 2024, el caso Sartor vivía uno de sus momentos más álgidos. El viernes 20 de diciembre, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) revocó la autorización de existencia de la AGF e inició el proceso de liquidación.
Cuatro días después, uno de los socios de Inversiones y Asesorías Sartor, la matriz del Grupo Sartor y controladora de la AGF, dio inicio sigilosamente a su estrategia legal.
Se trata de Óscar Ebel, socio del 10% de la firma, quien se acercó hasta la Fiscalía Metropolitana Oriente para ingresar una autodenuncia por los hechos investigados en el caso.
“En mi calidad de director de Sartor AGF, tengo conocimiento de hechos graves, eventualmente constitutivos de delito”, apuntó Ebel en su autodenuncia ante el Ministerio Público.
“En mi calidad de director de Sartor AGF, tengo conocimiento de hechos graves, eventualmente constitutivos de delito, por lo que en cumplimiento de mis deberes con la sociedad y los aportantes de los fondos administrados por ésta, he decidido comunicarlos a usted a fin de que realice una investigación criminal y determine si, de acuerdo a la ley, estos constituyen delito y el grado de mi participación en éstos”, señaló Ebel en su declaración.
El socio de Sartor apuntó que “en el directorio y comités de Sartor AGF se aprobaron -con mi voto favorable- operaciones de inversión en sociedades vinculadas a directores y relacionados, utilizando los fondos aportados por clientes”.
En esta línea, además de las operaciones ya objetadas por la CMF, apuntó a una sociedad de amplia participación en las carteras de los fondos de Sartor AGF: Autofidem SpA, compañía de préstamos automotrices en la que, según Ebel, Asesorías e Inversiones Sartor detentaba el 50% de la propiedad. El porcentaje restante estaba en manos de Nicolas Matthei, quien fue director de Sartor AGF.
Sartor responde
Sin embargo, el Grupo Sartor niega esta versión. Consultados por DF, el socio de Winter Etcheberry y abogado de la matriz, Jorge Cabrera, sostuvo que “sorprende que Ebel, como socio y director, desconozca que Autofidem no es propiedad de Sartor”.
“Autofidem se creó en 2020 y es una fintech para generar créditos automotrices. Se han financiado más 3.000 créditos, tanto por el fondo Sartor Proyección como por el FIP (fondo privado) Autofidem. Es un negocio totalmente legal y con grandes beneficios para los aportantes”, agregó.
Ebel objetó que este mecanismo habría quedado estipulado en el memorando de entendimiento, mediante el cual se creó Autofidem.
Cabrera afirmó que “el financiamiento automotriz es una clase de activo muy apetecida en el mundo de la deuda privada”.
“Por ello, no tiene ningún contrasentido o conflicto de interés financiar empresas dedicadas exclusivamente a esta clase de activo, donde queda en garantía el crédito y el vehículo”, sostuvo el abogado.
Prórrogas y mora
El cumplimiento de las obligaciones también formó parte de la autodenuncia de Ebel, quien afirmó que “las deudas que estas sociedades vinculadas contraían con los fondos eran respaldadas principalmente en pagarés, los que se han prorrogado sucesivamente -algunos con mi visto bueno-, y en algunos casos, según entiendo, se han vencido sin que se hayan pagado”.
Para Cabrera y Sartor, esta situación forma parte del común de los negocios de créditos privados.
“Sorprende el desconocimiento del Sr. Ebel, más aún cuando ha sido miembro activo del comité de crédito desde sus inicios”, señaló el socio de Winter Etcheberry.
El abogado afirmó que “en el mercado de deuda privada, es normal que existan renegociaciones de deuda y que existan deudores en mora”.
“Lo que el Sr. Ebel levanta no representa nada nuevo, sino que es una descripción de cómo funciona el mercado, así también, es falsa su aseveración sobre vencimientos sin contracuentas, ya que se han realizado pagos o reestructuraciones, como es habitual”, sostuvo.
La matriz
Ebel también puso los ojos en las operaciones en la matriz del grupo, Asesoría e Inversiones Sartor. En un complemento a su autodenuncia, señaló que la sociedad ofrecía al público un instrumento de inversión denominado “Contrato de Asociación de Inversiones” (CAI).
Según detalló, estos CAI podían tener un objetivo específico, que se invertía el monto en fondos administrados por la AGF, o ser abiertos, los que se utilizaban para operaciones de deuda privada a criterio de Sartor.
Dichos inversionistas “fueron captados entre referidos, conocidos y familiares de los directores, ejecutivos y accionistas del grupo Sartor”, aseguró Ebel.
“A la fecha y en el contexto actual del Grupo Sartor, desconozco si existen fondos para pagar y devolver la inversión”, afirmó.
La defensa legal de Sartor también desestimó esta versión. “El Sr. Ebel cae en un error, ya que como socio fundador y por muchos años mayoritario del grupo, conoce bien que Asesorías e Inversiones Sartor no ofrecía al público este tipo de contratos, ni jamás se publicitó instrumentos de esa modalidad”, afirmó Cabrera.
“Este asesoramiento era exclusivamente privado”, aseguró el abogado del grupo Sartor.
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